Petro confirma uso de $10.000 millones del Estado para su defensa jurídica en EE. UU.

El presidente Gustavo Petro reconoció que el Gobierno destinó cerca de $10.000 millones de recursos públicos para contratar una firma de abogados en Estados Unidos encargada de su defensa jurídica y la de su familia, en medio del proceso relacionado con su inclusión en la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la Lista Clinton.

El propio mandatario salió a defender la contratación, realizada mediante la modalidad de contrato directo, y aseguró que el gasto es consecuencia de gestiones adelantadas por sectores de la oposición en Washington y Miami. A través de su cuenta en X, Petro atribuyó el costo del proceso jurídico a esas visitas, señalando que buscaban afectar su imagen internacional y generar sanciones en su contra.

La controversia se intensificó luego de que se conociera que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) suscribió el contrato con la firma Amadeus Consultancy Limited, con cargo al Presupuesto General de la Nación, para prestar servicios de asesoría, representación y defensa legal del presidente y su esposa, Verónica Alcocer, ante autoridades estadounidenses. El acuerdo tiene vigencia hasta finales de abril de 2026.

El uso de recursos públicos para una defensa de carácter personal generó una oleada de críticas desde distintos sectores políticos y de opinión. Una de las primeras reacciones fue la de la periodista Salud Hernández, quien cuestionó que el mandatario recurriera al erario para atender un asunto que, según ella, no debería ser asumido por el Estado.

En el ámbito político, congresistas de oposición calificaron la contratación como un presunto abuso de recursos públicos y reclamaron explicaciones sobre la necesidad, el monto y el procedimiento utilizado. La representante a la Cámara Katherine Miranda presentó una denuncia que derivó en la apertura de una indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público confirmó que investiga si en la celebración del contrato se cumplieron los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, así como la justificación del gasto y su impacto fiscal.

Mientras el Gobierno insiste en que la defensa jurídica responde a una situación que compromete la figura presidencial a nivel internacional, el caso continúa generando debate público y permanece bajo revisión de los organismos de control.