Tras caída de la tributaria, Petro busca $16 billones vía emergencia económica

El Gobierno nacional avanza en la preparación de un decreto para declarar la emergencia económica, con el que busca recaudar cerca de $16 billones tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien aseguró que la decisión responde al desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo con el jefe de la cartera económica, la negativa del Legislativo dejó un vacío fiscal que obliga al Ejecutivo a explorar mecanismos excepcionales para garantizar la ejecución de los programas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Según Ávila, el faltante asciende a $16,3 billones, recursos que el Gobierno considera indispensables para cubrir el presupuesto proyectado para 2026.

El anuncio ha generado alertas entre gremios y analistas económicos, que cuestionan la viabilidad constitucional de la medida. La Andi advirtió que una emergencia económica decretada durante el período de vacancia judicial podría dificultar una revisión oportuna por parte de la Corte Constitucional y abrir la puerta a la creación de impuestos sin cumplir los requisitos exigidos por la Carta Política.

En la misma línea, economistas como Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, señalaron que no existe un hecho sobreviniente que justifique la figura de emergencia, al considerar que el monto que se pretende recaudar representa una proporción reducida del presupuesto nacional y no configura una amenaza grave e inminente al orden económico.

A las críticas se sumó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien afirmó que la situación fiscal responde a decisiones estructurales de gasto y endeudamiento, y no a un evento excepcional. Según su análisis, la emergencia podría ser tumbada por la Corte Constitucional al no cumplir los criterios establecidos en el artículo 215 de la Constitución.

Aunque el borrador del decreto no ha sido publicado oficialmente, trascendió que el Gobierno evalúa nuevos impuestos y aumentos de gravámenes existentes, lo que ha incrementado la incertidumbre entre empresarios y contribuyentes.

Por ahora, la eventual declaratoria de emergencia económica queda en el centro del debate jurídico y político, mientras crece la expectativa sobre si la Corte Constitucional avalará o frenará una de las apuestas fiscales más controvertidas del Gobierno Petro.