“Es un descaro”: Unimagdalena expone paupérrimos aportes de la Gobernación
El pasado 28 de octubre, en el marco de la decisión del Consejo Superior de ratificar a Pablo Vera Salazar como rector de la Universidad del Magdalena, tras su arrasadora votación en la consulta universitaria; el gobernador Rafael Martínez hizo público su voto negativo al respecto.
El mandatario magdalenense, expresó su inconformidad con que Vera Salazar, asumiera por tercera vez consecutiva la dirección de la Alma Mater.
Pero, además del voto negativo de su delegado, socializado por medio de un comunicado, el mandatario citó a una rueda de prensa en el Palacio Tayrona, y desde allí, expuso duras críticas a Vera y a la Universidad.
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En primer lugar, aseguró que la decisión de la mayoría del Consejo Superior atentaba contra la democracia universitaria.
Cuestionando también la contundencia de los resultados, mencionando que hubo un gran número de abstencionismo, sin dejar de lado sus ‘dudas’ sobre la legitimidad del sistema de votación electrónico.
Asimismo, dijo desconocer el destino de los $100.000 millones que aseguró, giró su gobierno a la Universidad del Magdalena; a cuya dirección culpó también de negarse a contribuir en el proyecto de matrícula cero para estudiantes durante la pandemia de covid-19, anunciado por parte del exgobernador Carlos Caicedo.
Acusando además, al rector Pablo Vera de intentar borrar el legado de Caicedo cuando fue rector de la universidad.
Unimagdalena respondió a críticas por consulta
La intervención del Gobernador del Magdalena, no pasó inadvertida, y a través de un documento la Vicerrectoría Administrativa de la institución universitaria, le salió al paso.
En primer lugar, la Universidad del Magdalena acusó a Martínez de tener un “profundo desconocimiento del funcionamiento de las universidades públicas”.
Defendió la legitimidad de la consulta a rector, y para eso, presentó un cuadro comparativo de los niveles de participación y abstencionismo de ocho de las principales universidades públicas del país.
Para este año, el abstencionismo de los estudiantes de esta Alma Mater se ubicó en un 37%, sin embargo, en la Universidad Nacional alcanzó el 55%, en la Universidad del Valle el 70% y en la del Atlántico en más de un 80%.
De esta forma se precisó que la participación de la comunidad universitaria de Unimagdalena “fue ampliamente superior al promedio de participación en las demás universidades públicas que adelantaron procesos como este”.
En ese mismo sentido, sobre las ‘dudas’ expresadas sobre la votación electrónica, y la utilización de la plataforma tecnológica desarrollada por la Universidad de Antioquia, la Vicerrectoría explicó que las ocho universidades públicas referenciadas previamente, tienen implementado el sistema de voto electrónico.
Indicando a su vez, que tanto la Universidad de Antioquia como la de Nariño, utilizaron sus procesos de consulta a través de la misma plataforma.
La Gobernación de los ‘aportes pequeños’
Finalmente, en su pronunciamiento la Vicerrectoría fue contundente ante los señalamientos orientados a presuntos malos manejos administrativos, desmintiendo la entrega voluntaria de $100 mil millones por parte de la administración de Rafael Martínez.
“Se pretende asumir como recursos propios del departamento, entregados a la universidad, lo generado por la aplicación de la estampilla la cual corresponde a un tributo creado por la Ley 654 de 2001 que establecen que los recursos generados por la misma corresponden a la Universidad del Magdalena, es decir, no es discrecional de la administración departamental la entrega de los mismos a la institución y su comportamiento creciente obedece a que esta estampilla se aplica a las demás entidades públicas que tienen asiento en el departamento del Magdalena”, esclareció la institución.
Dando paso, de esta manera, a una polémica revelación; y es la cifra que aporta gobierno de Rafael Martínez para apoyar los estudios de los jóvenes magdalenenses: $240 mil por estudiante, en todo el año.
Esto, contrasta de forma abismal con otros departamentos, incluso de la misma región Caribe, pues en La Guajira, Atlántico y Bolívar, actualmente las administraciones transfieren a sus universidades públicas entre $700 mil y $1,2 millones por estudiantes año “es decir entre tres y cinco veces más que los que aporta el departamento del Magdalena”.
Al respecto, precisamente sobre los cuestionamientos de la matrícula cero en pandemia, la Vicerrectoría recordó que se requirió un esfuerzo económico por valor de $35.500 millones de los cuales la Gobernación de Carlos Caicedo solo dio $4.942 millones.
Mientras que la Universidad, con recursos propios aportó $14.894 millones; la Nación, a través del Fondo de Solidaridad para la Educación Superior y otros programas aportó un valor de $14.181 millones y a través de otras entidades públicas y privadas se consiguieron recursos equivalentes al 4,2% correspondiente a $1.476 millones para completar los recursos requeridos.
“Es un descaro atribuirle a la anterior administración departamental la implementación de una medida de costo cero en la matrícula en pandemia cuando dicha entidad fue la que menos aportó para lograr este objetivo” puntualizó la dirección universitaria, instando al gobernador Martínez a demostrar un “verdadero compromiso con la educación superior”, mejorando las transferencias de la entidad territorial a esta universidad.
Comunicado a la opinión pública en el que, desde nuestra Vicerrectoría Administrativa, se presenta un análisis de los procesos de consulta rectoral en universidades públicas y la realidad de aportes territoriales a las IES departamentales.
https://t.co/ZHa4B4Ptqz#ComunicadoUM pic.twitter.com/IvDEho970T— Universidad del Magdalena (@Unimagdalena) November 5, 2024
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