JEP acusa a excongresista por crímenes de alcaldes, concejales y congresistas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó el lunes al excongresista Luis Fernando Almario Rojas por delitos de lesa humanidad como asesinatos, secuestros y desplazamientos por motivos políticos de 30 personas en el marco del conflicto armado, con complicidad de la extinta guerrilla de las Farc.

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP sindicó a Almario Rojas en un escrito de acusación "histórico para el país", aseguró en una rueda de prensa el director de esta unidad, el magistrado Giovanni Álvarez Santoyo.

El magistrado detalló que la acusación se presentó por el crimen de persecución que se fundamenta en la ejecución de 30 conductas delictivas que constituyeron asesinatos, desplazamiento forzado y secuestros en el Caquetá.

Es la primera vez que en Colombia se presenta una acusación por el crimen de persecución, conforme con el Estatuto de Roma.

Almario, que fue representante a la Cámara por el Partido Conservador, fue acusado por la UIA de la JEP en calidad de coautor de diversos crímenes.

El excongresista "con exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC, concretamente el Bloque Sur de las FARC, desarrolló un plan criminal que tenía como finalidad apropiarse o apoderarse del poder político en el departamento del Caquetá", desplazando a la familia Turbay.

Los crímenes que se atribuyen al excongresista fueron cometidos desde 1993 hasta 2002 y afectaron a más de 30 personas del "grupo político liberal turbayista".

La investigación de la JEP identificó dos patrones de violencia: contra líderes, simpatizantes y personal de seguridad del "turbayismo" y el segundo es de captura del Estado para el ejercicio del poder ilegítimo.

Uno de los crímenes de los que se le sindica es el asesinato el 29 de diciembre de 2000 del congresista Diego Turbay Cote, su madre y cinco personas más en una emboscada en una carretera del Caquetá. Este ataque se le atribuyó a la columna móvil Teófilo Forero, que dirigió ‘El Paisa’, uno de los cabecillas más sanguinarios de las Far.

También se responsabiliza a Almario Rojas del asesinato de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, así como de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas. 

Asimismo, del secuestro de un congresista, un alcalde y un concejal, y del desplazamiento forzado de dos periodistas, una delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un candidato a la Alcaldía del municipio de Puerto Rico, de un concejal de Florencia, la capital del Caquetá, un escolta y un conductor de la familia Turbay Cote.