Essmar da millonario contrato de papelería a empresa de cuidado a discapacitados
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Entre los procesos que tienen al gobernador Carlos Caicedo ante la justicia, hay una denuncia por un presunto ‘amañamiento’ de las condiciones de contratación pública, para la adjudicación de proyectos para la construcción de los inacabados Centros de Desarrollo Infantil.
Pero, esto, a juicio de los empresarios samarios, es una práctica recurrente en todas las esferas de la contratación pública.
En ese sentido, el equipo periodístico de Seguimiento.co conoció de una denuncia, que involucra a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, luego que adjudicara un contrato por 350 millones de pesos, a una empresa que no contaría ni con la capacidad técnica ni con la vocación comercial, para cumplir con los requerimientos contractuales.
El pasado 20 de febrero de 2023, la Essmar abrió una licitación con la que buscaba un contratista para el “suministro de elementos de aseo, cafetería y papelería bajo el esquema de monto agotable, para cumplir con el óptimo desempeño de actividades administrativas”.
Para esto, se presentaron varias empresas, sin embargo, de acuerdo a razones que no se especifican en los documentos oficiales, la Essmar señaló que la más pertinente para adjudicar el contrato era una denominada Funvimejor, con sede en Valledupar.
No obstante, al hacer una verificación sobre esta empresa foránea, el equipo periodístico de Seguimiento.co encontró una serie de posibles inconsistencias.
En primer lugar, la vocación comercial registrada. Tal como se dispone en la información de Funvimejor, se dedica a “actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas”, lo cual, a grandes rasgos, no representa ningún tipo de relación para el suministro de implementos de aseo o papelería.
Por otra parte, en la dirección registrada no hay ningún tipo de empresa, sino una vivienda familiar.
El equipo periodístico de Seguimiento.co intentó comunicarse con la Essmar, para conocer las justificaciones detrás de esta adjudicación, aunque no hubo respuesta.
Mientras, el empresariado samario ha exigido garantías en los procesos de licitación pública, considerando que sólo por participar, se ven obligados a pagar pólizas de cumplimiento y cuyo gasto termina siendo en vano, puesto que desconocen la transparencia de los parámetros que se ajustan a las convocatorias.
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