Socio de Centros Poblados estaría vinculado en otro contrato con anticipo perdido

La empresa Intec de la Costa SAS, integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, y que además es socio de Centros Poblados en el escándalo de MinTIC, fue vinculado por la Contraloría General de la República como presunto responsable fiscal por irregularidades en otro contrato donde también se perdió anticipo.

Esta vez el contrato objeto de corrupción fue la construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, en Sucre.

El Consorcio Puente San Jorge 2019 recibió un anticipo de $1.253 millones de parte del municipio de Caimito, o sea el 50% del valor total del contrato de obra que debía ejecutar, que era de 2.507 millones de pesos, pero ante la imposibilidad de terminar la obra contratada, se ha generado la pérdida del anticipo pagado.

Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría determinó también que "las pólizas del contrato están vencidas y no se constituyeron correctamente".

La entidad de control señala, adicionalmente, que la Alcaldía de Caimito denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación del Consorcio Puente San Jorge 2019.

El proceso fiscal se abrió por el traslado de un hallazgo detectado en una auditoría surgida de una denuncia sobre el tema que recibió la Contraloría.

Los vinculados por la Contraloría como presuntos responsables fiscales son Víctor Miguel Ricardo Vega; alcalde de la época, Kevin Ricardo Caly, secretario de planeación y supervisor del contrato, y la empresa Intec de la Costa SAS,  Dialco Construcciones SAS y Walter David Sánchez Urzola, representante legal del consorcio.