Condenan por parapolítica a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia

La Corte Suprema de Justicia condenó, después de casi 10 años, al exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007.

El exfuncionario deberá pagar casi ocho años de prisión (95 meses). En el documento, según El Espectador, la Sala Especial de Primera Instancia, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, detalló los pormenores de los vínculos ilegales de Ramos Botero con los hermanos Vicente y Carlos Castaño, y de la financiación que las Autodefensas Unidas de Colombia asumieron para sus campañas políticas.

Para la Corte Suprema es incontrovertible que Ramos Botero accedió a aliarse con varios comandantes de las AUC y terminó promocionando y perpetuando su actividad criminal. En palabras del alto tribunal, el también exsenador se asoció “con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.

El Espectador detalla que la Sala Especial de Primera Instancia estableció que Ramos Botero recibió dinero y apoyo político de las autodefensas, en especial del Bloque Metro y el Bloque Centauros, y, por supuesto, de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes, según el exjefe paramilitar Ernesto Báez, eran amigos del exsenador.

La Corte enfatiza que Ramos recibió esas dádivas no solo por la conveniencia económica para sus campañas, sino porque también podían asegurarle votos. A cambio, el exfuncionario se puso a disposición de estos grupos ilegales con dos objetivos.

El primero, asegurarles que iba a “interceder” por ellos para que pudieran pasar desapercibidos de la fuerza pública; y el segundo, que el exsenador supiera de sus intereses en la negociación de la ley de Justicia y Paz, para que así pudiera beneficiarlos en ese proyecto que terminó siendo la base para la desmovilización paramilitar en 2006.

El Espectador indica que para la Corte fue clave establecer lo que pasó en una reunión a comienzos de 2005 en la finca Bellanita en el municipio Bello, Antioquia, a la que asistieron, entre otros, los exjefes paramilitares Ernesto Báez, Julián Bolívar, Pablo Hernán Sierra, el propio Luis Alfredo Ramos. Para el alto tribunal, en ese encuentro, organizado por los hermanos Castaño, la cúpula de las AUC le expresó a Ramos sus intenciones y peticiones respecto a la ley de Justicia y Paz, pues no estaban dispuestos a pasar ni un día de cárcel.

De acuerdo con la sentencia, la idea de la reunión era que Ramos “colaborara con sus gestiones en el Congreso”. Aunque él mismo confesó haber participado en ese encuentro, aclaró que lo hizo porque consideró que podía hacerlo pues era un miembro del Congreso y sus funciones incluían ese tipo de tareas.

No obstante, para el Alto Tribunal esa excusa no tuvo es nada coherente puesto que, para esa época, estaba prohibido que los jefes paramilitares se reunieran por fuera de la zona de concentración de las mesas de Santafé de Ralito y que eso lo debía saber un congresista como Ramos, no solo por su condición de senador, sino por su larga trayectoria en el servicio público y su educación como abogado.