Dos alcaldes y tres exalcaldes del Magdalena en la mira de la Fiscalía
![Cortesía José Díaz Marchena, alcalde de Salamina.](https://seguimiento.co/sites/default/files/styles/1010x526/public/2018/11/23/articulo/alcalde-2.jpg?itok=nuU2v-sv)
![Cortesía Luz Stella Durán, exalcaldesa de Fundación.](https://seguimiento.co/sites/default/files/styles/1010x526/public/2018/11/23/articulo/alcalde-3.jpg?itok=Ho5WW1CK)
![Cortesía Jairo Molina de Arco, alcalde de Plato.](https://seguimiento.co/sites/default/files/styles/1010x526/public/2018/11/23/articulo/molina-1.jpg?itok=32TBdILR)
![](https://www.seguimiento.co/sites/default/files/2018/9/07/perfil/logo_seguimiento.jpeg)
Fiscales de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Magdalena, radicaron cinco solicitudes de imputación y en algunos de ellos medida de aseguramiento contra tres exalcaldes de los municipios de Fundación, Chibolo y San Zenón del periodo anterior y dos actuales de Salamina y Plato, tras evidenciarse el delito de contrato sin lleno de requisitos legales en la celebración de varios contratos de obra para esos municipios.
Los actuales mandatarios locales implicados son: Jairo Molina de Arco (Plato) y José Díaz Marchena (Salamina), mientras que los exalcaldes son: Luz Stella Duran (Fundación); José Darío Ávila Cantillo (Chibolo); Omaida Herrera Dávila (San Zenón).
En el caso del municipio de Fundación, la Fiscalía 40 seccional, radicó formulación de imputación y medida de aseguramiento en contra de Luz Stella Durán Manjarrez, exalcaldesa del periodo saliente, Juan Francisco Restrepo Barbosa, alcalde encargado, celebró contrato 047 de 2013, Licedis Inmaculada Ortega Wilches, asesora jurídica y Dina Luz Gale Silva, secretaria de salud, cultura, educación y deporte, supervisora de los contratos.
El municipio de Fundación celebró diversos contratos cuyo objeto era el transporte escolar rural, de los cuales se estableció estudios previos incompletos, falta de planeación, carencia de licencia de tránsito, entre otros.
Caso Chibolo
En el caso del municipio de Chibolo, se radicó formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación al exalcalde del periodo anterior José Darío de Ávila Cantillo, Enis Beatriz Canabal Pérez, representante legal de la junta de acción comunal del barrio 23 de abril, sector 1 del municipio de Chibolo.
Se celebró el contrato de cooperación No. 023 de 2013, por valor de $16.500.000, cuyo objeto era la construcción de un puente en concreto rígido, en el barrio 23 de abril y el contrato No. 024 de 2013, que tenía como propósito la construcción de un puente de estructura metálica, por un valor $15.428.000.
La Fiscalía ha logrado establecer que existieron irregularidades en el contrato, vulneración de los principios de transparencia en contratación de mínima cuantía y peculado en el contrato No 024 de 2013, por la no ejecución del objeto.
Caso San Zenón
De igual forma, la Fiscalía 35 Seccional Magdalena, radicó formulación de imputación y medida de aseguramiento por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales contra Omaira Herrera Dávila, exalcaldesa del período saliente y Jairo Aníbal Doria Ruiz, contratista.
Se celebraron los convenios interadministrativo 001 de 2015 para adecuación del cementerio del corregimiento de Janeiro, adecuación de Parque Central y San Martín, por un valor de $1.774.416.305 y el 002 de 2015, cuyo objeto era el mejoramiento mantenimiento y conservación de la vía Peñoncito, así como la ampliación del sistema de acueducto, por un valor de $1.432.080.000.
Es así, que la Fiscalía logró establecer que dichos convenios se celebraron a través de contratación directa, cuando debió realizarse a través de licitación pública.
Caso de Plato
Así mismo, la Fiscalía 35 Seccional, en el caso del municipio de Plato, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, radicó formulación de imputación y medida de aseguramiento contra Jairo Antonio Molina de Arco, actual alcalde de esa municipalidad, al establecer que hubo fraccionamiento de contrato, para evadir licitación pública respecto de 7 convenios solidarios, cuyo objeto era la adecuación y limpieza del arroyo que atraviesa el barrio Juan XXIII, y construcciones de placas en diferentes barrios, cuantías que oscilan entre $10.320.000 a $19.297.812 para cada uno de los contratos.
Al radicar las imputaciones, se fijó como fecha, el día 12 de diciembre de la presente anualidad.
Caso Salamina
Por último, la Fiscalía 35 Seccional, radicó formulación de imputación y medida de aseguramiento por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, contra José Nicolás Díaz Marchena, actual alcalde del municipio de Salamina y Millar Adolfo Martínez González en su calidad de delegatario de la asociación de municipios de la subregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Asocienaga como (contratista).
Quienes celebraron el convenio interadministrativo No 00885 2017 por valor de $3.679.955, que tenía como objeto aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre Coldeportes y el municipio de Salamina, para la ejecución del proyecto denominado adecuación y recuperación del parque central de ese municipio, cuya contratación fue directa y no a través de licitación pública.
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