Por fallo del Consejo de Estado, ‘morro’ de El Rodadero volverá a ser de la nación
Para la memoria colectiva de los samarios, el ‘Morro de El Rodadero’, como se le conoce a lo que históricamente ha sido llamado ‘la Isla Pelícano’ o ‘el Morrito de Gaira’, es una casona enclavada en aquel otro morro que se levanta en el Rodadero y que pertenece a la familia de ‘los dueños del Panamerican’.
Aquella lujosa mansión abandonada que se la come poco a poco el salitre del mar Caribe, fue erigida en los años 60 como una de esas casonas que mostraban la opulencia que vivía la ciudad por esas décadas florecientes, tras la firma de un contrato de comodato entre Gustavo Díaz Segovia y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, el 5 de septiembre de 1966.
En principio, el contrato se hizo por un canon de arrendamiento de 1.800 pesos durante diez años y en el documento se estableció que las obras que allí se hicieran serían revertidas al Estado. Pero al cabo de esos diez años, Gustavo Díaz y el Incora acordaron prorrogar la vigencia del comodato por diez años más, es decir, hasta el 5 de septiembre del año 86.
Pero al cabo de estos 20 años de tenencia, el señor Gustavo Díaz Segovia le solicitó al Incora que le adjudicara el terreno que había poseído aquel bien por más de 20 años, por lo cual, a través de la resolución 714 del 11 de diciembre de 1979, el director regional del Incora le adjudicó definitivamente la propiedad de la isla Pelícano al solicitante, amparándose en el artículo 6 de la ley 97 de 1946, por cuanto se había demostrado que “el adjudicatario viene explotando el predio desde hace 20 años”.
Lo cierto es que desde entonces –y gracias a las intervenciones de la Procuraduría– el terreno de ese pedacito de tierra ha estado en disputas legales para tratar de establecer si definitivamente la familia Díaz podría adjudicarse la propiedad de esa isla o, en cambio, esta debería volver a ser de la Nación.
En medio de esto se han dado innumerables discusiones jurídicas, como el hecho de establecer si ese territorio debería considerarse un bien de uso público o un terreno baldío; si debe considerarse una isla o un morrito.
Y así pasaron los años hasta que en el 2004, el Tribunal Administrativo del Magdalena había decidido que la titularidad debía mantenerse a favor de Gustavo Díaz Segovia, no obstante, la Procuraduría volvió a apelar hasta que en enero de este año, se conoció la última decisión jurídica: el Consejo de Estado decidió revocar la sentencia del 2004, así como las resoluciones del Incora que le daban la propiedad a la familia que históricamente ha sido propietaria del emblemático restaurante Panamerican.
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