Sudán: Líderes de la autoridad militar, acusados en La Haya de usar armas químicas

Se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra varios líderes del ejército sudanés, acusados de utilizar armas químicas durante el conflicto en Sudán. La acción llegó después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra esos funcionarios, alegando los mismos motivos.

La denuncia se basó tanto en informes oficiales estadounidenses como en reportajes de prensa que confirmaron el uso de armas químicas por parte de las fuerzas armadas sudanesas contra civiles.

Contra los líderes del ejército sudanés, sancionados por Estados Unidos bajo el argumento de haber usado armas químicas, se interpuso una denuncia en la CPI; la acción se produjo tras informes oficiales y publicaciones de prensa que confirmaron que el ejército empleó este tipo de armamento. La Sudanese Alliance for Rights (Alianza por los Derechos Sudaneses) presentó el 25 de septiembre una acción legal ante la CPI contra cuatro figuras de alto rango del poder en Sudán, entre ellas el presidente del Consejo Militar, Abdelfattah al-Burhan. La medida se tomó a raíz de los reportes oficiales estadounidenses y de artículos de prensa que confirmaron que el ejército había usado armas químicas y cometido violaciones graves contra la población civil durante el conflicto en curso en Sudán.

La denuncia, elaborada por un grupo de abogados internacionales en colaboración con la alianza, señala a Burhan, Yasir al-Atta, Shams al-Din al-Kabbashi y al general al-Tahir Mohammed, y solicita a la corte abrir una investigación integral y responsabilizar a los culpables de estos crímenes. La iniciativa es considerada uno de los intentos más significativos de la sociedad civil sudanesa para activar los mecanismos de la justicia internacional.

Además de la denuncia ante la CPI, la Alianza presentó una queja oficial ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y envió una carta al presidente de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), pidiendo el inicio urgente de una investigación y la suspensión de la membresía de la autoridad de Port Sudan dentro de la organización. La Alianza advirtió que el silencio internacional refuerza la impunidad y pone en peligro a civiles inocentes.

Estas acciones siguieron a un informe publicado en mayo por el Departamento de Estado de EE. UU., que confirmó que el ejército sudanés utilizó armas químicas al menos en dos ocasiones el año pasado. El movimiento coincide con el rechazo de los líderes militares a aceptar llamados al diálogo o a iniciativas de paz, lo que llevó a la sociedad civil a buscar mecanismos internacionales para exigir rendición de cuentas por los abusos cometidos. Informes internacionales anteriores también habían señalado la implicación del ejército en violaciones a gran escala, incluido el uso de armas químicas contra la población civil.

La acción emprendida representa un doble desafío tanto para los líderes militares de Sudán como para el silencio de la comunidad internacional, y subraya la necesidad de una presión concertada a nivel europeo, internacional y africano para aplicar el derecho internacional y frenar los abusos. Las medidas actuales de la Alianza muestran que la CPI y la Comisión Africana pueden convertirse en herramientas eficaces para garantizar la rendición de cuentas de los líderes militares y proteger a los civiles, reforzando el principio de prevención de la impunidad, un pilar central de las políticas internacionales en materia de derechos humanos.

El anuncio de la Unión Africana sobre la suspensión de la membresía de la autoridad de Port Sudan en organizaciones internacionales constituye un mensaje tanto simbólico como práctico de que las violaciones no quedarán impunes. Una postura de este tipo, acompañada de presión diplomática y política de parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros, podría señalar un cambio en la actitud de la comunidad internacional frente a la crisis sudanesa.

En este contexto, la acción es vista como una señal de que la sociedad civil sudanesa se orienta hacia la justicia internacional y como un modelo de uso de los mecanismos jurídicos internacionales para responsabilizar a los líderes militares, especialmente en países marcados por conflictos armados y violaciones masivas de los derechos humanos, como Sudán.