Bukele podrá reelegirse indefinidamente tras reforma aprobada por el Congreso de El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una controvertida reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y extiende el mandato presidencial de cinco a seis años. La medida fue respaldada por 57 de los 60 diputados, en su mayoría pertenecientes al oficialista partido Nuevas Ideas y sus aliados.

La reforma, tramitada en doble sesión plenaria, también contempla la eliminación de la segunda vuelta electoral y la unificación de los comicios presidenciales, legislativos y municipales. Con ello, el actual periodo presidencial de Nayib Bukele —reelegido en 2024— se reducirá, finalizando en junio de 2027, año en que se convocarán elecciones generales bajo las nuevas reglas.

Desde el oficialismo, se ha defendido la medida como un mecanismo que fortalece la voluntad popular. "El poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece: al pueblo salvadoreño", declaró la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas. Por su parte, la diputada Ana Figueroa afirmó que los cambios brindan mayor estabilidad y eficiencia al sistema político.

Sin embargo, la oposición y organizaciones internacionales de derechos humanos han manifestado fuertes críticas. La diputada Marcela Villatoro (ARENA) señaló que con esta decisión “ha muerto la democracia en El Salvador” y cuestionó el momento en que se aprobó, coincidiendo con el inicio de una semana de vacaciones. Claudia Ortiz, del partido Vamos, calificó la reforma como "una caricatura de democracia" y "un abuso de poder".

Diversas voces han advertido que la reforma podría erosionar los principios democráticos del país. Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, advirtió que El Salvador sigue un camino similar al de Venezuela, al permitir que un líder popular concentre poder sin límites.

Las modificaciones constitucionales se dan en un contexto en el que el Gobierno de Bukele mantiene vigente un régimen de excepción desde hace tres años, como parte de su política de seguridad. Si bien esta estrategia ha reducido los índices de violencia, ha sido cuestionada por permitir detenciones masivas sin orden judicial y por las denuncias de detenciones arbitrarias y fallecimientos en centros penitenciarios.