Martínez sigue atornillado: con nueva solicitud dilata su salida de la Gobernación


Rafael Martínez, exgobernador del Magdalena, volvió a acudir al Consejo de Estado en un nuevo intento por prolongar su permanencia en el poder, pese a que su elección fue anulada de manera definitiva por doble militancia.
En un escrito fechado el 28 de julio y dirigido a la Sección Quinta del alto tribunal, Martínez solicitó la aclaración y adición del auto que, apenas cuatro días antes, había negado de forma categórica todos los recursos anteriores interpuestos por él.
Esta nueva acción no modifica el fondo del caso —la nulidad está firme, la elección anulada, y no hay recurso ordinario que permita reversarla—, pero sí revela una estrategia sostenida de dilación que ya acumula más de 80 días desde la decisión inicial.
En su escrito, Martínez alega supuestas omisiones en el auto del 24 de julio, como la falta de consideración de unos memoriales presentados por terceros intervinientes, y plantea dudas sobre la posibilidad de interponer nuevos recursos contra lo ya resuelto.
Aunque la presentación de este nuevo recurso se disfraza de formalismo procesal, el trasfondo político es evidente: seguir ganando tiempo. Desde que se profirió el fallo de anulación, Martínez se ha negado a asumir su salida del cargo, utilizando la institucionalidad como escudo para mantener el control político del Magdalena, mientras con recursos públicos proyecta mediáticamente a Carlos Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana.
Las advertencias del Consejo de Estado no han sido suficientes para frenar la estrategia. A pesar de que el tribunal dejó claro que presentar recursos improcedentes vulnera la lealtad procesal y podría ser sancionado, el exgobernador sigue presionando los límites del sistema judicial. Su más reciente solicitud —por discutible que sea desde el punto de vista legal— vuelve a dilatar la ejecución de un fallo que ya ha sido declarado definitivo.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior no ha expedido el decreto de nombramiento del gobernador encargado, y el proceso para convocar elecciones atípicas sigue en el limbo. El escenario beneficia únicamente a quienes, como Martínez, han sabido explotar las grietas del procedimiento para sostener el poder sin legitimidad
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