La buena hora de la Contraloría del Magdalena

El pasado 26 de abril, cuando se dieron a conocer el índice de transparencia de las entidades públicas en el país, los resultados mostraron una mejoría sin antecedentes cercanos conocidos: la Contraloría del Magdalena, entidad que durante los años 2013-2014 ocupaba un deshonroso puesto 27 con riesgo “muy alto”, sorprendentemente disminuyó 10 escaños y se ubicó en el puesto 17, a punto de ser considerada en “riesgo medio”.

La noticia, aunque no generó mayor eco a nivel local, reflejó fielmente el trabajo que viene realizando el contralor del Magdalena, Ricardo Salinas, quien, desde los primeros días de enero de 2016, cuando se posesionó, comenzó a realizar un trabajo técnico -sin mayor visibilidad mediática- pero que comienza a dar resultados.

Recomendamos: Alcaldía y Gobernación, en grave riesgo según el índice de Transparencia

Pese a que apenas cuenta con poco más de una docena de funcionarios para revisar una treintena de municipios en el Magdalena -contando importantes entidades como Alcaldías y Hospitales en cada uno de ellos- Salinas ha venido adelantando auditorías que, poco a poco, comienzan a evidenciar la grave situación de salud que se vive en el departamento.

Las cifras hablan por sí solas: tan solo en 2017, las auditorías adelantadas por el ente de control fiscal en el sector salud ha arrojado 5 hallazgos fiscales, 23 disciplinarios, 14 penales, 103 administrativos y más de 17 sancionatorios.

Al ser consultado por Seguimiento.co, el contralor Salinas resume la grave situación en una frase que parece desconcertante: “un 70% de los procesos auditores de los hospitales del Magdalena no han sido buenos”.

Asimismo, en las alcaldías se han identificado 10 hallazgos fiscales, 10 disciplinarios, 2 penales, 128 administrativos y 17 sancionatorios.

Aunque se reserva a ser más específico con los municipios que están más comprometidos en detrimentos para “no obstaculizar el debido proceso”, Salinas sí advierte que hay factores comunes en todos los municipios que visitan: “las entidades no están publicando los contratos en el Secop (sistema de contratación pública) y esto dificulta las labores de control social, así como de los entes de control. Y tampoco se están aplicando los debidos pagos de las estampillas, lo que, por ejemplo, afecta el desarrollo educativo del departamento”.

Pago de recursos sin precedentes

Los alcances de la Contraloría también se están reflejando en plata recuperada. En estos dos años, el actual contralor ya lleva 261 millones de pesos recuperados y acuerdos de pago por otros 600 millones.

Son estas gestiones las que están llevando a que la Contraloría pueda aspirar a la certificación en calidad, reconocimiento que podría llegar en 2018.

En medio de este panorama, el ente de control departamental sigue viviendo su realidad. Como lo dice el propio Salinas: “Tengo 13 funcionarios que hacen auditorías a 30 municipios. Nos toca hacer maravillas. Tenemos investigadores que en una semana les toca revisar una alcaldía y un hospital de un municipio”.