El torpedeado proceso electoral de la Universidad del Magdalena

Un verdadero caos en la normalidad institucional se está viviendo en la Universidad del Magdalena, pues pese a que el 9 de diciembre de 2016 ya debieron haberse posesionado los representantes de estudiantes, docentes y egresados ante los órganos de Gobierno y la Administración Académica de la Universidad, aún no han podido definir el día para las votaciones.

La razón de esta dilación es debido a que, a lo largo de este tiempo, tres aspirantes se han encargado de detener el proceso mediante tutelas interpuestas ante los órganos judiciales. Tutelas que siempre terminan con medidas cautelares que interrumpen el proceso, las cuales, a la fecha, ya le han costado a la universidad más de 200 millones de pesos perdidos en logística y publicidad de los candidatos, que aún no han podido participar en los comicios universitarios.

Contexto: Arrancó otra nueva elección en la Universidad del Magdalena

La última de estas suspensiones se produjo en las últimas horas, a tan solo dos días de que al fin se iban a llevar a cabo estas elecciones. En horas de la tarde de este miércoles, se conoció que el Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó la suspensión del calendario electoral por petición de Luis Fernando Pinzón Bolaño, un candidato por los egresados a quien le resultó no válida su aspiración por no cumplir con la acreditación de experiencia en cargos de nivel directivo.

Esta medida cautelar, que no hace más que ponerle trabas al proceso institucional que debe llevar la Universidad por naturaleza, ya le había sido negada al candidato inconforme por parte del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, pues Pinzón, que hace parte del círculo cercano del movimiento político Fuerza Ciudadana, tardó 3 meses desde que le habían notificado su invalidez. Sin embargo, el aspirante nuevamente presentó una medida cautelar ante el estamento superior, hasta que logró que el Tribunal Administrativo del Magdalena dispusiera la medida provisional de suspender las elecciones.

Pero esta no ha sido la única vez en que la Universidad ha tenido que incurrir en demoras por cuenta de los aspirantes.

El 22 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta había ordenado modificar el calendario electoral por un amparo constitucional a solicitud de William Renán Rodríguez, en ese entonces secretario de Gobierno del Distrito y actual secretario de Educación, quien aspiraba a ser elegido en calidad de representante de los docentes.

Y antes de Renán, el candidato suplente al Consejo Superior José Jair Cárdenas Cardona, en compañía de la estudiante María Alejandra Rojas Aguilar, interpusieron sus debidas tutelas porque tampoco habían sido admitidos por parte del Consejo Electoral.

Al analizar la procedencia de estas medidas dilatorias, se evidencia que esta compleja situación mantiene un factor común político, pues en todos los casos fallados a favor de los aspirantes, estos han terminado teniendo un vínculo directo con el movimiento político liderado por el exrector de la Universidad del Magdalena.

Seguimiento.co habló con tres candidatos de los distintos estamentos de la universidad, quienes reconocieron, cada uno por su cuenta, que varios candidatos parecen estar recibiendo apoyo político para sus aspiraciones, lo que ha sido notorio –según los aspirantes- en el interior de la universidad.

Uno de los candidatos dijo a este medio digital que estas situaciones que saltan a la arena política de la ciudad se evidenciaban en una página de Facebook, pero que esta fue cerrada recientemente por presiones de varios usuarios que enviaron peticiones para que desde la página no se siguieran haciendo estas publicaciones.

Lo cierto es que, con intereses políticos o no, según informó la Universidad del Magdalena en un comunicado de prensa, estas continuas interrupciones han costado ya más de 200 millones de pesos que se han desperdiciado en publicidad para los candidatos y logísticas para una actividad electoral que, hasta el momento, no se han podido llevar a cabo.

“Esto afecta a la comunidad universitaria en general y directamente a un centenar de estudiantes, docentes y egresados de la Institución que participan como candidatos y que ven perjudicada su aspiración a los cargos de Gobierno y Administración Académica”, enfatiza la universidad.