Diputado Noya denuncia que la Gobernación dejó vencer los recursos para hospitales en el sur del Magdalena

El diputado del Magdalena, Rafael Noya, presentó un informe exhaustivo que evidencia la situación de los hospitales en los municipios de Pijiño del Carmen y San Zenón: la Gobernación tuvo los recursos, las herramientas legales y el tiempo para ejecutar las obras, pero estas nunca se llevaron a cabo.

La denuncia fue realizada durante la clausura del segundo periodo de sesiones ordinarias. Noya entregó pruebas documentales y una cronología precisa que confirma que la Asamblea cumplió su papel constitucional: aprobó en tiempo récord los recursos para ambos hospitales. Sin embargo, la administración departamental no ejecutó los procesos contractuales, dejando a miles de magdalenenses sin acceso a infraestructura en salud.

El 28 de diciembre de 2023, el Ministerio de Salud expidió las resoluciones 2278 y 2286, asignando $15.740 millones para el hospital de Pijiño del Carmen y $15.234 millones para el de San Zenón. El 5 de febrero de 2024 se radicó ante la Asamblea el Proyecto de Ordenanza 102, con el fin de incorporar dichos recursos al presupuesto del departamento.

La Asamblea dio trámite inmediato al proyecto: el 26 de febrero de 2024 se realizó el primer debate en comisión; el 29 de febrero fue aprobado en plenaria, y el 1 de marzo fue sancionada la Ordenanza 164, que autorizó legalmente el uso de los recursos.

La Licitación Pública 004 de 2024 fue abierta por la Gobernación el 14 de marzo de 2024, pero fue cancelada en julio. Un segundo proceso, iniciado el 31 de julio, también corrió con la misma suerte, lo que evidencia una clara falta de previsión y capacidad de ejecución por parte del Ejecutivo departamental.

“No quiero pensar que la intención era facilitar una contratación a dedo”, advirtió el diputado Noya durante su intervención.

Pese a tener el dinero asegurado por más de un año, la Gobernación no adjudicó ni inició las obras. Según lo estipulado por el Ministerio, si en seis meses la Administración no iniciaba los procesos contractuales, los recursos debían ser devueltos.

La situación se agravó cuando, el 28 de abril de 2025, la Gobernación solicitó al Ministerio de Salud el cambio de entidad receptora de los recursos, una petición bastante extraña y cuestionable, teniendo en cuenta que hasta la fecha se desconoce el interés o la intención del Gobierno departamental al presentar dicha solicitud modificatoria.

Ante esta petición, el ente nacional respondió a inicios del presente mes, mediante oficio, que el cambio de entidad receptora solo sería procedente si se tratara de una entidad 100% pública, como lo exige la ley, advirtiendo que cualquier modificación implicaría reiniciar los procesos para cumplir con los nuevos requisitos técnicos y administrativos.