“Cobran $3.000 a cada niño”: siguen denuncias por transporte escolar en Pivijay

Hace ocho días el equipo periodístico de Seguimiento.co denunció una serie de presuntas irregularidades en la operación del servicio de transporte escolar, contratado por la Alcaldía de Pivijay para asegurar la movilidad de los estudiantes de las zonas rurales hacia sus instituciones.

Se expuso, cómo se había contratado a la empresa Cootransmag para que adelantara la operación, luego que se ganaran la licitación pública tras presentar vehículos modernos, con seguros vigentes, y conductores cualificados. En el papel eran la mejor alternativa.

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Sin embargo, los vehículos modelo 2020 y 2022, registrados por la empresa no aparecían. Y en cambio, los menores estaban siendo transportados en motocarros y en vehículos antiguos, sin condiciones mínimas de seguridad y lo que es peor, sin seguros ni revisión tecnomecánica al día.

La situación despertó molestias en los padres de familia, pues en Magdalena ya se tiene el antecedente de la tragedia de Fundación, en la que murieron 33 niños calcinados al interior de un bus que no estaba en condiciones de prestar ningún servicio, y que ante un fallo mecánico explotó.

Por eso, ante el silencio de la administración municipal decidieron tomar las vías de hecho y protagonizaron varios cierres viales.

En consecuencia, se registraron bloqueos en la vía Pivijay- Fundación, y protestas en los corregimientos de Paraíso, Chinoblas y Piñuelas, exigiendo el cumplimiento a cabalidad del contrato de transporte escolar, ya que, por si fuera poco el ‘reemplazo’ de los vehículos contratados, a los menores se les está cobrando $3.000 para prestarles el servicio.

De esta forma, la ciudadanía desconoce el por qué del cobro de un servicio que se supone ya pago con recursos públicos.

Aunque de forma pública el alcalde de Pivijay, Roberto Mario Pérez no se ha pronunciado al respecto, el medio Pivijay Noticias señaló que obtuvo una respuesta de la administración municipal, indicando que “los recursos se habían acabado”, sin dar mayores explicaciones y confirmándose que también les adeudan salarios a los conductores subcontratados.

Y, mientras la situación no se resuelve, son alrededor de 400 menores que se ven afectados por las inconsistencias, puesto que la gran mayoría de estos viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y no tienen mecanismos para sortear los costos de transporte desde sus veredas hacia las zonas donde están ubicados los colegios.