Alcaldía querría comprar en la calle 30 cinco casas por el precio de una

La Alcaldía de Santa Marta, a través del Sistema estratégico de Transporte Público (SETP), busca, mediante una orden judicial, desalojar a una familia (en cabeza de una adulta mayor) de sus viviendas debido a la ampliación que se adelanta en la calle 30.

De acuerdo con la familia, que se opone al desalojo, la administración distrital les ofrece un valor de compra del año 2018. Además de ello, las personas aseguran que la oficina de instrumentos públicos determinó que es un solo predio y no cinco, por lo que tienen total negativa a que le compren las cinco viviendas por el precio de una.

María Delfa Hurtado Herrera, de 73 años, quien es la propietaria de las cinco casas, concedió una entrevista a RCN Radio en donde aseguró que “es muy duro que vengan funcionarios públicos a querer quitarte lo que toda la vida ha sido tuyo, yo nací aquí (…), aquí he vivido toda mi vida, nacieron mis hijos y mis nietos y no justo que, por la ampliación de una obra, nos vengan a quitar lo que nos pertenece”.

“Yo no me opongo al progreso ni a las obras, sino a la forma, porque nos quieren ofrecer en dinero, lo que ellos quieren (…), aquí vinieron e hicieron un avalúo y ofrecieron dinero, pero equivalente al año 2018, y ese valor hace referencia solamente a lo construido, más no al terreno”, añadió la mujer, en diálogo con el medio radial.

Por su parte, Diego Armando López Ortega, gerente del SETP, le manifestó a RCN Radio que "los predios en disputa se encuentran ubicados sobre una ronda hídrica, a menos de 35 metros del río Manzanares, lo que quiere decir que, aquí no puede haber construcción alguna".

El funcionario sentenció que "estamos esperando la orden del juez, lo que el juez diga eso haremos".

De acuerdo con información conocida por RCN, hasta el momento han podido negociar con la familia 500 millones de pesos para las cinco casas y un parqueadero, y está en manos del juzgado si se amplía la oferta a 1.300.000.000 millones de pesos.

Algo que llama la atención en esta situación es que justo al lado de las cinco casas que pretenden desalojar, está construida una Olímpica, que, según la comunidad "no cumple con los estándares de estar distanciada de la orilla del río Manzanares, porque no guardó la distancia requerida de 35 metros de distancia del afluente".

Al parecer, la Olímpica seguirá ahí construida y no será intervenida, es porque según funcionarios de la alcaldía, genera empleos y millones de pesos al mes.