Fiscalía reveló el 'cerebro' del desfalco en el PAE del Atlántico

Además de los cuatro capturados por presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Atlántico, un quinto nombre salió a relucir este miércoles. Se trataría del “cerebro” del desfalco al departamento, según reveló la Fiscal 60 de delitos contra la administración pública en Barranquilla en la audiencia de formulación de imputación en el Centro de Servicios.

Pese al paro judicial, la audiencia al secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, y a los otros tres capturados, Félix Enrique Barrios Ballestas, Uriel Eduardo Reyes Pájaro y Emil Armando Pacheco Jiménez, se inició en la mañana de este 4 de diciembre.

En desarrollo de la audiencia la Fiscalía dijo contar con evidencias como entrevistas, declaraciones juradas, inspección a lugares, análisis jurídicos, pruebas forenses, con lo que se muestra una “dinámica delictiva”.

“Se pudo establecer que hay una comunidad de elementos fácticos que involucran de manera conjunta la conducta de  los aquí indiciados”, aseguró la Fiscal.

La Fiscalía General de la Nación develó que para estructurar este acto delictivo existe “un grupo de personas que conforman un esquema de control financiero que en síntesis está dado cuando una persona tiene influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de carácter económico de varias entidades, cumpleindo o no con la formalidad de pertenecer a la dirección de un esquema en particular”.

“En este caso el esquema de control financiero se encuentra liderado por el señor Alejandro Hernández Vidal, prófugo de la justicia en este momento”, señaló la Fiscal.

Sostuvo que el señor Hernández Vidal “controla distintas entidades sin ánimo de lucro y sociedades comerciales valiéndose de familiares y amigos realizando constantes cambios de las empresas razones sociales orientando este esquema a la consecución de contratos estatales de alimentación escolar, desde el año 2012”. 

Para la Fiscalía, desde el año 2016, Alejandro Hernández está inmerso “en  la comisión de delitos que atentan contra la administración pública y la fe pública”. 

“Alejandro Hernández Vidal ejerció control sobre una empresa sin ánimo de lucro que se desprestigió por la prestación de un mal servicio, y debido a esto cambió el nombre a Fundacion Colombia Digna. Luego tomó el control de la Fundación sin ánimo de lucro, Fundación Rey de Reyes, inicialmente representada por el señor Uriel Reyes que luego se denominó Fundación Alcanzando Nuestros Sueños”, dijo.

La Fiscalía involucra a Félix Enrique Barrios Ballestas, otro de los capturados, como representante legal de uniones temporales conformadas para ejecutar contratos de alimentación escolar en el departamento del Atlántico.

De Uriel Reyes Pájaro, señala la Fiscalía: “A cambio de altas sumas de dinero cedió el control de la Fundación Rey de Reyes a Rafael Hernández Vidal que continuó realizando contratos de alimentación escolar de mala calidad incumpliendo los lineamientos de estándares mínimos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes directos beneficiarios el Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas de los 20 municipios del departamento del Atlántico”.

Señala el ente investigador,  Alejandro Hernández Vidal controlaba las sociedades comerciales, presuntos proveedores de las uniones temporales y contratistas.

La Fiscalía también involucró a un sobrino de Hernández Vida que fungió como tesorero de todo el sistema, “puesto que tenía a sus disposición los recursos, las cuentas de las uniones temporales como también de los proveedores, siguiendo las instrucciones de su tío Alejandro Hernández Vidal”. 

En la audiencia, la Fiscalía mencionó los contratos 1072016000013 del 20 de abril de 2016 y el 1072016000123 de 1o  de septiembre del mismo año, celebrado con la Gobernación del Atlántico para la ejecución del programa de Alimentación Escolar PAE

“Con este esquema se apropió de recursos públicos en cuantía superior a los 3.352 millones de pesos”, precisó la Fiscalía.

Para este acto criminal, señaló la Fiscalía, los capturados se valieron de “múltiples falsedades en documento público y documentos privados para justificar costos inexistentes en contratos privado”.