Por faltas disciplinarias, inhabilitan 12 años al Superintendente de Subsidio Familiar
![Cortesía Superintendente de Subsidio Familiar](https://seguimiento.co/sites/default/files/styles/2017_940x520/public/2024/7/31/articulo/whatsapp_image_2024-07-31_at_7.52.44_am.jpeg?itok=Dw89EoRg)
Por las presuntas irregularidades que se presentaron en la licitación de pasaportes.
Está suspendido por tres meses, debido a las investigaciones por la licitación de pasaportes.
De acuerdo con la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro infringió la ley al nombrar a su esposa como ‘Embajadora en Misión Especial’.
De acuerdo con las autoridades, el uniformado le suministraba información a la estructura ilegal, sobre movimientos de la Fuerza Pública en Antioquia.
De acuerdo con las autoridades, el hombre también habría realizado actos sexuales violentos contra uno de ellos.
La procuradora Margarita Cabello señaló que el cobro debe ir de la mano de la calidad del servicio, lo cual no se cumple.
De acuerdo con el Ministerio Público, los saqueos y extorsiones en la vía deben detenerse, por lo que instó a los mandatarios a un plan de choque antes del inicio de carnavales.
Acudió al evento siendo aún Gobernador del Magdalena. El proceso había sido archivado, pero un recurso de apelación logró que se retomara.
Se pronunció luego que el canciller Álvaro Leyva fuera suspendido por tres meses por la Procuraduría.
De acuerdo con el Ministerio Público, tal como se había denunciado, el canciller habría incurrido en faltas disciplinarias en medio del lío de la licitación de pasaportes.
Según Procuraduría, vulneró el principio de la moralidad contenido en la Constitución Política.
Junto a tres funcionarias habría aprobado y contratado la construcción y dotación de un colegio sin contar con la disponibilidad presupuestal para hacerlo.
La Procuraduría indicó que hubo manipulación de los reglamentos del ente educativo para regular los trámites y procedimientos del proceso formativo en beneficio de Bedoya.
La exfuncionaria habría incumplido su deber de solicitar autorización al concejo para suscribir un contrato por valor de $ 3.271’028.032.
Es señalada de entregar $130 millones para ser favorecida en un proceso penal.
La anulación de la licitación podría costar alrededor de $117 mil millones.