‘Rifirrafe’ entre Colombia y Nicaragua por fallo que delimita soberanía en zona marítima

Nicaragua acusó formalmente este lunes a Colombia, durante una vista oral en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de no acatar un fallo de 2012 que delimitó la frontera marítima entre ambos países.

Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la CIJ, recordó que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que, para aplicar la decisión del alto tribunal de la ONU, debería firmarse “un tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente”.

“Cualquier supuesta necesidad de otro tratado para implementar la sentencia es simplemente una excusa para no cumplirla”, aseguró Argüello ante los jueces.

El país centroamericano ha llevado a Colombia ante la CIJ por tercera vez en los últimos 20 años para esclarecer la frontera marítima entre ambas naciones y, en esta ocasión, reclama al tribunal que le exija a nuestro país el respeto al fallo de 2012.m

La decisión que menciona Nicaragua es la que confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.

En la presentación de pruebas, los abogados de Nicaragua reprodujeron audios de un incidente en alta mar, sucedido en 2015, en el que guardacostas colombianos advertían a los de Nicaragua de no adentrarse más en el mar porque “la decisión de La Haya es inaplicable”.

Argüello enfatizó al alto tribunal de la ONU que le exija a Colombia “garantías adecuadas de no repetición de hechos internacionalmente ilícitos”.

Los abogados de Colombia responderán este miércoles a las acusaciones y presentarán dos contrademandas que ya han sido admitidas a trámite por la CIJ.

En la primera, se asegura que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; mientras que en la segunda contrademanda, se acusa a Nicaragua de “extender sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional” mediante un decreto de agosto de 2013, lo que habría supuesto una “violación de la jurisdicción de Colombia”.

Está previsto que los alegatos orales de ambos países continúen hasta el 1 de octubre y los jueces se retiren posteriormente para deliberar una decisión que se daría a conocer en 2022.