Procuraduría pide citar a Zapateiro para conocer detalles de masacre en Urabá
Luego de analizar las versiones voluntarias entregadas por varios comparecientes que formaron parte del Batallón de Infantería N°46 Voltígeros, con sede en el Urabá antioqueño, sobre diferentes hechos violentos y presuntas relaciones entre agentes del Estado y grupos paramilitares en el Urabá entre 1995 y 2011, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP llamar en calidad de testigo al excomandante del Ejército, general (r) Eduardo Zapateiro Altamiranda y a otros oficiales y suboficiales que tuvieron cargos de mando y coordinación de operaciones en esa unidad militar, para profundizar en la verdad sobre la ocurrencia de diferentes hechos violentos durante ese lapso.
De acuerdo con el documento de observaciones entregado a la JEP, quedaron expuestas con suficiencia las razones que permiten solicitar, en protección y garantía de los derechos de las víctimas, el llamado a versiones voluntarias de Zapateiro además de otros miembros del Ejército, la Policía y exparamilitares.
La citación al general Zapateiro estaría relacionada con su testimonio sobre los hechos que rodearon la masacre de “El Aracatazo”, ocurrida el 12 de agosto de 1995 en la discoteca del mismo nombre, ubicada en Chigorodó, donde fueron asesinadas 18 personas.
Para ese momento, Zapateiro ostentaba el grado de capitán y comandaba la compañía Córdoba, que hacía parte del mencionado batallón y ejercía control territorial en ese municipio. Ese día dos pelotones, uno adscrito a esa compañía, hicieron presencia en el lugar y según las versiones de los militares comparecientes en este subcaso, habrían permitido el accionar del grupo paramilitar que perpetró la masacre.
“Nuestra solicitud es con el ánimo de que el testimonio del general Zapateiro sirva para esclarecer y brinde más luces a la magistratura y al Ministerio Público para determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar que a él le consten sobre este hecho, tendientes a la construcción de la verdad”, aseguró el procurador primero Delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita.
En el documento de observaciones, la Procuraduría sugiere escuchar como testigos del caso al sargento Baudilio López, quien ocupaba el grado de cabo, con el propósito que ayude a esclarecer la orden precisa que, para el 12 de agosto de 1995, se emitió por parte de la comandancia.
También al teniente Juan Carlos Arbeláez, perteneciente a las Fuerzas Especiales, quien estuvo encargado de capturar a algunos de los paramilitares que cometieron la masacre, en busca de esclarecer cómo se llevó a cabo ese procedimiento y una posible coordinación del extinto jefe paramilitar Carlos Castaño con el Ejército, además de los agentes de policía encargados de la seguridad y protección de la población dentro del casco urbano el día la masacre.
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