Por proceso de 'falsos positivos', 'Clan del Golfo' amenaza a dos magistrados de la JEP

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció las amenazas hechas contra dos magistrados de ese tribunal por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se autodenomina el 'Clan del Golfo'

La JEP rechazó las intimidaciones contra el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar y solicitó a la Fiscalía y a las autoridades judiciales investigar los hechos y sancionar a todos los responsables.

Además, le pidió al Gobierno que "desarticule los grupos armados ilegales que atentan contra la paz de todos los colombianos", indicó el tribunal en un comunicado.

"La JEP reitera su compromiso con los derechos las víctimas, así como con la administración y aplicación de la justicia restaurativa", agrega la información.

También el representante especial de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, mostró su "más firme rechazo a las amenazas en contra de magistrados de la JEP".

"La independencia y seguridad de los magistrados y el personal de la JEP es fundamental para el avance de la justicia transicional y la paz en Colombia", señaló en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter.

El magistrado Ramelli y su equipo de trabajo están al frente del caso de exhumación de personas desaparecidas durante el conflicto que fueron víctimas de ‘falsos positivos’, como se les conoce a los civiles asesinados por miembros del Ejército que los hacían pasar por guerrilleros para obtener beneficios de sus superiores.

#Atención 
La JEP rechaza las #amenazas en contra del magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar emitidas por las AGC o #ClanDelGolfo.

Solicitamos a @FiscaliaCol y a autoridades judiciales investigar los hechos y sancionar a todos los responsables pic.twitter.com/52iGgeM9BU

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 6, 2023

A raíz de las amenazas, la Fiscalía informó que los investigadores contactaron a los dos funcionarios judiciales para conocer detalles sobre el origen de las intimidaciones y orientar los actos investigativos que permitan identificar y judicializar a los responsables.