Niños desde los 14 años pueden recibir un millón de pesos mensual por no matar

El Gobierno nacional, a través de recién creado Ministerio de la Igualdad, entregará un millón de pesos mensuales a cerca de 100.000 jóvenes que se encuentren en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado en Colombia.

A través del Decreto 1649 del 2023, el Gobierno estableció que otorgará la ayuda económica por medio del programa nacional ‘Jóvenes en Paz’.

El documento deja claro que el programa busca “la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentren en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que ha sido históricamente marginados y excluidos”.

Además, la medida está destinada también a niños y niñas, visto como potenciales sujetos a ser coptados por grupos armados, y comienza con la misma edad en que existe en el país la responsabilidad penal: 14 años.

El programa, según el decreto, garantizará a todos los jóvenes que resulten beneficiados una ruta de atención integral por un “periodo inicial de seis meses que podrá prorrogarse de acuerdo al cumplimiento del compromiso suscrito hasta máximo 18 meses”.

Para esto, es claro en que deben cumplir cinco requisitos:

1. Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.

2. Tener residencia habitual en zonas rurales.

3. Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.

4. Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.

5. Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.

Por otra parte, los jóvenes que tienen procesos penales en su contra sí podrán recibir el dinero. Y tendrán, además, asesoría jurídica “promoviendo con dicha atención que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado”, sostiene el decreto.