“La fiscal me pidió quitarle el delito de lavado de activos a Nicolás Petro”: las explosivas revelaciones de Lucy Laborde

Un escándalo político y judicial sacude a la Fiscalía General de la Nación tras las revelaciones de la exfiscal Lucy Laborde, quien tuvo a su cargo la investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos dineros ilícitos ingresados a su patrimonio.

En diálogo exclusivo con la periodista Vicky Dávila para la revista Semana, Laborde (quien laboró durante 22 años en la institución) denunció formalmente que fue víctima de acoso laboral, presiones sistemáticas y traslados injustificados por negarse a otorgar un trato preferencial al procesado.

El punto de quiebre en el proceso ocurrió durante una reunión privada en el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que también participaron el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero, la delegada Aura Liliana Trujillo y la entonces directora de Lavado de Activos, Alexandra Ladino.

Según el relato de Laborde, la fiscal general cuestionó directamente la tipificación del delito de lavado de activos y sugirió replantear la acusación:

“La señora fiscal general me dice: ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito? (...) Póngale una pena muy larga; al fin y al cabo, la va a cumplir en una guarnición militar y ya’ (...) Al preguntarle a la delegada qué consecuencias tendría condenarlo por lavado, esta le respondió que ingresaría a la Lista Ofac”, reveló la exfiscal Laborde.

Laborde sostuvo que se negó rotundamente a acatar dicha sugerencia por considerar que las pruebas sobre negocios jurídicos ficticios (compra de inmuebles y vehículos a nombre de terceros) configuraban con claridad el ocultamiento y la apariencia de legalidad de dineros ilícitos.

La exfiscal detalló que antes de dicho encuentro recibió propuestas de preacuerdo por parte de los abogados de Nicolás Petro. En una de ellas se planteaba degradar la conducta punible al delito de estafa y, en otra oportunidad, a abuso de confianza.

Laborde afirmó que rechazó de plano ambas propuestas por considerarlas un “exabrupto jurídico”. De acuerdo con su testimonio, uno de los defensores del hijo del mandatario le manifestó que los borradores de negociación debían contar con el aval del Ejecutivo:

“El abogado me dijo que iba a socializar el preacuerdo con Presidencia y después me dijo: ‘No, doctora, definitivamente en Presidencia no aprobaron este preacuerdo porque es el hijo del presidente y ¿cómo queda Colombia con el hijo del presidente condenado por lavado de activos?’”, sostuvo Laborde durante la entrevista.

A partir de su negativa a modificar la acusación, Laborde denunció haber sufrido un paulatino desmonte de sus garantías laborales. Afirmó que fue trasladada a Barranquilla, despojada de su equipo de investigadores y de su fiscal de apoyo, e incluso asignada a una oficina compartida sin herramientas básicas de trabajo.

Finalmente, Laborde fue apartada del proceso y desvinculada de la entidad mediante el uso de la lista de elegibles del concurso de carrera, pese a que (según denunció) la persona que ganó la plaza no fue la que asumió su despacho, sino un funcionario en calidad de provisionalidad. La exfuncionaria concluyó ratificando que el material probatorio dejado en el expediente es sólido y permite defender la tesis de la Fiscalía en juicio.