JEP pide explicaciones sobre personas desaparecidas en zonas aledañas a Hidroituango
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solicitó en las últimas horas al gobernador de Antioquia, Luis Pérez; EPM y a la empresa Socya, entregar información sobre búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños al polémico proyecto Hidroituango.
En ese sentido, la Jurisdicción dio un plazo de 10 días, luego de ser notificados. “Solicitar a Luis Pérez remitir a esta Sección el contrato celebrado y demás documentos relacionados con la fundación Socya, quien a partir del contrato celebrado con EPM y con la Fiscalía General se encargó de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango”, explicó la JEP.
El requerimiento de la JEP surgió de una solicitud de medidas cautelares que promovió el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) “que procura el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio” colombiano en los que se sospecha pueden estar enterrados cuerpos de desaparecidos.
Esos puntos claves están ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde se indaga si hay enterradas posibles víctimas del delito de desaparición forzada durante el conflicto armado.
En Antioquia, donde se sitúa el proyecto Hidroituango, hay varios lugares (donde se encontrarían restos mortales enterrados) como Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío.
|| La #JEP le solicita al gobernador de Antioquia, a EPM y a la empresa SOCYA entregar información sobre búsqueda de personas desaparecidas en los municipios aledaños al proyecto Hidroituango.
Ver comunicado: https://t.co/7HyYdIB5LX pic.twitter.com/o5sX9r2LKo— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 6 de marzo de 2019
En abril de 2018, y luego de que se exhumaran 159 cadáveres en esa región antioqueña, el Parlamento Europeo pidió a la Fiscalía y a las autoridades departamentales, suspender las actividades de suministro de agua en la obra, pues se sospechaba que podría haber más cuerpos allí.
Los 25 firmantes del documento en el que el Parlamento hizo la petición, aseguraron que desde 2012 recibieron denuncias sobre “presuntas violaciones de derechos humanos contra las comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado”, que en su mayoría ocurrieron durante la “construcción de la hidroeléctrica y de las movilizaciones para protestar por los diferentes impactos” que tiene la obra en la región, decía la misiva.
Sin embargo, la solicitud de la Eurocámara no tuvo eco, dado que el embalse se llenó, por lo cual esa acción “significaría la posibilidad de que cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada pierdan la oportunidad de hallar a sus seres queridos”.
Finalmente, la JEP también pidió explicaciones al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre la “búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13”; y a los demás mandatarios de departamentos y poblaciones en donde se cree podría haber más víctimas: La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas); Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander); Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).
|| La @JEP_Colombia solicita al Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, información sobre la búsqueda de personas desaparecidas en esa ciudad, especialmente en la Comuna 13.
Ver comunicado: https://t.co/7HyYdIB5LX pic.twitter.com/CpzT5BWUHO— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 6 de marzo de 2019
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