JEP ordena al Estado garantizar alimentación, aseo, camionetas y escoltas a los exFarc

Luego de conocerse la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el secretariado de las Farc, quienes fueron sentenciados el pasado jueves a un máximo de ocho años de trabajos restaurativos al ser hallados responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 personas, reportados ilegalmente como guerrilleros o delincuentes caídos en combate o "falsos positivos".

Una de las medidas incluyen labores como la búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y sustitución de cultivos.

Sin embargo, al revisar con cuidado sus más de 600 páginas, el documento deja la sensación de que lo aprobado no es tanto una condena, sino un listado de beneficios que los sancionados recibirán bajo el amparo del Estado durante los próximos ocho años. 

Uno de los puntos que más llama la atención es la obligación que impone a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Durante el tiempo que dure la sanción, el Estado deberá garantizar la alimentación, el aseo y, un detalle no menor, el vestuario adecuado para los exjefes guerrilleros, teniendo en cuenta el clima de las regiones donde estén ubicados.

En la sentencia se lee lo siguiente: “La ARN deberá asimismo hacer uso eficiente de la mencionada subcuenta u otras fuentes presupuestales para sufragar gastos de alimentación, elementos de aseo, vestuario apropiado según el clima de la región, y cualquier otro insumo que requieran los sancionados para su bienestar físico mientras permanezcan en dicho lugares”.

Pero el vestuario y la alimentación no son los únicos beneficios. La sentencia también ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar evaluaciones individuales de riesgo y, con base en ellas, reforzar los esquemas de seguridad de cada compareciente. Esto incluye más escoltas, vehículos blindados, equipos de comunicación satelital e incluso botones de pánico.

Adicionalmente, el fallo ordena al SENA, en un plazo máximo de tres meses, habilitar programas de capacitación técnica para los sancionados, así como para víctimas y comunidades. Estos cursos incluirán formación en proyectos de restauración ambiental, negocios verdes y emprendimientos sostenibles.

Por otro lado, la sentencia le ordena al propio Ministerio de Defensa diseñar e implementar un protocolo de seguridad integral para los proyectos restaurativos que cumplirán los sancionados. El esquema incluye siete fases que abarcan desde diagnósticos previos de riesgo hasta protección armada en los perímetros donde se ejecuten las actividades, pasando por rutas de ingreso y salida seguras, escoltas en los desplazamientos, comunicaciones satelitales, monitoreo continuo e incluso evaluaciones posteriores para ajustar los procedimientos.

La JEP sostiene que estas medidas no son privilegios, sino herramientas de justicia transicional para garantizar la reparación y la no repetición. Por el contrario, para las víctimas, el contraste es difícil de aceptar. Mientras ellas arrastran las cicatrices de años de cautiverio, de hambre, cadenas y humillaciones, sus victimarios recibirán ocho años de apoyo integral para que no les falte ni ropa, ni comida, ni seguridad, ni capacitación.