ELN impone paro armado dejando a más de 25.000 familias confinadas en el Chocó

La Procuraduría General de la Nación rechaza el paro armado creado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se está llevando a cabo en el Chocó, además le solicita al Gobierno Nacional que intervenga de manera inmediata para poder salvaguardar la vida de estas comunidades. 

Este paro armado está ocasionando que más de 25 mil familias se encuentren confinadas y con muchas dificultades como tener acceso a la alimentación, salud y educación.

Javier Sarmiento Olarte, procurador Delegado para los Derechos Humanos, hace un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con su deber constitucional de proteger la vida y los derechos de estas personas y revise las implicaciones de estos paros y acciones armadas, en las negociaciones que se adelantan con esos grupos al margen de la ley. 

“La población civil no puede seguir siendo la víctima de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han manifestado su presunta voluntad de paz. Ni como Estado, ni como sociedad, podemos admitir ni permitir la ocurrencia de estos hechos” expresó el Delegado Sarmiento Olarte.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1117 del 5 de julio del 2023 que ordena cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el ELN, entre el 3 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024.

El Decreto específica que el cese al fuego tendrá como objetivo mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y de los territorios, con el propósito de que “la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos, los liderazgos sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad”. Acuerdo que el Ejército de Liberación Nacional está incumpliendo al crear un paro armado que deja incomunicados y pasando necesidades a la comunidad del Chocó.