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19 de May de 2019

Segunda Instancia

Advertencia: El columnista pidió el anonimato de la publicación para no comprometer su estabilidad laboral por las opiniones expresadas.

 

Los procesos legales que enfrentan Carlos Caicedo y Rafael Martínez, quienes han apelado en segunda instancia los fallos que los condenan, mantienen en vilo a los samarios que están cansados del desgobierno en la ciudad

Por estos días, en Santa Marta la frase “segunda instancia” puede ser quizás la más usada en los corrillos políticos, las reuniones sociales, la plaza de Bolívar y los diferentes cafés donde se congregan los tertuliantes para “componer” el mundo. Seguramente muchos de ustedes han escuchado los debates en los que todos quieren tener la razón, algunos argumentando, otros queriéndose imponer con gritos y el resto mamándoles gallo a los hoy arrinconados “equidosos”.

Al conocer la noticia sobre el fallo de la Procuraduría contra Caicedo, muchos pensaron que este quedaría por fuera del escenario político, pero poco a poco empezaron a escuchar la frase que titula esta nota –“segunda instancia”–, y así fueron entendiendo que el exalcalde está en la lona y con el conteo para levantarse en su contra, pero aún en la pelea.

Dado mi desconocimiento sobre asuntos jurídicos, busqué a varios abogados para que me explicaran el tema y entender así qué es lo que está en juego: por un lado, tenemos a Carlos Caicedo, hoy sindicado por homicidios, vinculado a un caso por corrupción (por el cual está capturado Rafael Martínez), sancionado por la Procuraduría por 12 años, con juicios fiscales en la Contraloría General de la República, entre otros procesos. Y, por otro lado, tenemos a Rafael Martínez, cuyo caso tiene el resto de la atención de la ciudad, y quien hoy se encuentra cobijado con casa por cárcel, suspendido de su cargo y pendiente de una audiencia para apelar la medida.

En lo referente a Caicedo, el fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría ya fue apelado por el exalcalde, el pasado 6 de abril, ante este órgano de control. Pese a los llantos de sirena de Caicedo, quienes nos hemos tomado el trabajo de leer en su totalidad el fallo (63 páginas), podemos decir que se trata de una decisión muy bien argumentada y apoyada en pruebas contundentes. En su artículo segundo reza:

“SEGUNDO: DECLARAR autor disciplinariamente responsable de la comisión de una falta Gravísima atribuida a título de CULPA GRAVÍSIMA a CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR y en consecuencia se le IMPONE la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general para ejercer función pública por el término de doce (12) años, por las razones consignadas en esta decisión”.

Conocidos que han litigado en la Procuraduría, me explicaron la importancia que tiene la delegada para la Moralidad Pública, de donde emana el fallo en cuestión. Muchos creen que son pocas las posibilidades que tiene Caicedo de ganar la apelación. En lo que coincidieron todos es en que les resulta imposible aventurarse a dar una fecha o un periodo de tiempo estimado de respuesta al recurso que presentó el exalcalde.

Por la coyuntura política que viven la ciudad y el departamento, ojalá la Procuraduría resuelva esta situación del exalcalde y hoy candidato lo más pronto posible. En época electoral no es conveniente que existan dudas o vacíos jurídicos que puedan ser usados a favor de un partido como Fuerza Ciudadana, cuyos integrantes saben aprovechar estas situaciones para lograr simpatías victimizándose, sin tener que presentar argumentos sólidos o verdaderas propuestas que contribuyan con la democracia y ayuden a superar las problemáticas de la ciudad. Va llegando la hora de que caigan las máscaras de los que se exhiben como perseguidos políticos y no asumen sus responsabilidades, después de ocho años de estar gobernando en Santa Marta sin haber solucionado los problemas de fondo, como el del agua, tema que llevó al mencionado fallo.

Nada peor para alguien que se presenta como perseguido político en aras de tener un manto de protección sobre sus actuaciones, que no poder aspirar a cargos públicos por 12 años porque le han sido probadas sus malas actuaciones. Por no hablar del proceso por homicidios al cual se encuentra vinculado, tras ser reseñado en el INPEC, de donde resultó la foto que circuló en todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería, hecho que, según cuentan sus allegados, le causó malestar.

En lo que respecta al caso de Rafael Martínez, en los próximos días se llevará a cabo la audiencia que solicitó la defensa del alcalde, la cual apeló la medida de un juez de control de garantías de la ciudad de Santa Marta, que decretó se detención domiciliaria, luego de ser acusado por la autoría y participación en el delito de celebración de contrato (relacionado con los centros de salud de la capital) sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. A partir de esta situación, el presidente Iván Duque pareció entender que algo está oliendo mal en Santa Marta y designó nada más y nada menos que al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés José Rugeles Pineda, lo cual ha sido interpretado como un mensaje contundente del Gobierno nacional.

Entretanto, la ciudad sigue detenida entre las obras inconclusas de la administración de Caicedo y de su alfil, al tiempo que padece la peor crisis de abastecimiento de agua, emergencia que viene siendo titular diario en casi todos los medios de comunicación nacionales. Santa Marta sufre, además, por la inseguridad, el desempleo, entre otros temas urgentes que requieren de atención inmediata. Según dicen, se vienen más determinaciones de los órganos de control. Caicedo y sus seguidores querrán insistirles a los incautos que se trata de una persecución, pero por conversaciones con propios y extraños sé que muchos ya no creen en  estos políticos, que pierden fuerza ante los ciudadanos, sobre todo ahora que no manejan el presupuesto de contratación.

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