Empalme del gobierno entrante destapa presunto desfalco por $370 mil millones

El Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación una serie de presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción que comprometerían recursos públicos por más de $370.000 millones.

Las denuncias se sustentan en el consolidado elaborado por el Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, cuyas actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por su director, Germán Calderón España.

Entre los principales hallazgos figura un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec) para la adquisición de 16 sistemas antidrones. Según el Gobierno electo, el análisis técnico evidenció presuntos sobrecostos de hasta el 85 %, un posible detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas en los sistemas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional.

Asimismo, el informe solicita investigar un contrato por $24.800 millones adjudicado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) mediante contratación directa, pese a que existía una orden judicial que suspendía el proceso de selección del que se derivó dicho contrato.

Otro de los casos involucra a Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, donde el Gobierno electo aseguró haber encontrado nuevos elementos relacionados con un contrato de servicios jurídicos cercano a los $23.000 millones. Entre las presuntas irregularidades se mencionan presiones políticas, recomendaciones de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y supervisión.

A dos días de la posesión presidencial, el equipo de Abelardo de la Espriella aseguró que continuará remitiendo a los organismos de control los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan del proceso de empalme, con el propósito de que las presuntas irregularidades sean investigadas y se garantice la protección de los recursos públicos.