Compraron un inmueble con $560 millones de un convenio para niños: por esto condenaron a Tete
La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre la condena impuesta al exalcalde de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper, quien fue sentenciado en primera instancia a ocho años de prisión por irregularidades en un convenio de asociación destinado al mejoramiento nutricional de niños de comunidades indígenas y a la recuperación ambiental del municipio.
De acuerdo con el ente acusador, dentro del mismo proceso también fue condenado José Armando Ulloa Niño, representante del contratista, a una pena de seis años y cuatro meses de prisión. Ambos fueron hallados responsables del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La investigación estableció que el convenio, firmado el 30 de noviembre de 2015 por un valor de $723 millones, se ejecutó con presuntas irregularidades que vulneraron principios como la legalidad, la planeación, la transparencia, la publicidad y la selección objetiva.
Uno de los principales hallazgos de la Fiscalía es que $560 millones del convenio fueron destinados a la compra de un inmueble, una operación que, según la investigación, no hacía parte del objeto contractual ni de los estudios previos. Además, esa adquisición requería autorización del Concejo Municipal, trámite que nunca se realizó.
El ente investigador señaló que, de los recursos comprometidos, únicamente $163 millones fueron utilizados en actividades relacionadas con el propósito para el que había sido suscrito el convenio.
La Fiscalía también indicó que en el expediente no reposan documentos considerados esenciales para la ejecución del contrato, entre ellos las actas de recibo final, el acta de liquidación y los informes de interventoría.
Asimismo, confirmó que funcionarios del CTI capturaron a Luis Alberto Tete Samper y a José Armando Ulloa Niño en vía pública, en el centro de Ciénaga, para hacer efectiva la condena, la cual ambos cumplirán bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La sentencia es de primera instancia y podrá ser objeto de los recursos previstos por la ley.
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