Admiten tutela liderada por Pablo Acuña para exigir solución a rebosamientos de alcantarillado
La justicia dio un paso clave frente a una de las problemáticas sanitarias más graves que enfrenta la ciudad. El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta admitió la acción de tutela presentada por Pablo José Acuña Herrera, junto a líderes y representantes comunitarios, con el fin de exigir soluciones urgentes al rebosamiento constante de alcantarillas y aguas residuales en distintos sectores de la capital del Magdalena.
La tutela surge como resultado de una firmatón ciudadana promovida por Acuña, mediante la cual decenas de líderes comunitarios y habitantes de Santa Marta respaldaron la iniciativa jurídica para exigir el respeto de derechos fundamentales como la salud, la dignidad humana y el acceso a un ambiente sano, gravemente afectados por la crisis sanitaria que generan las alcantarillas rebosadas.
La acción fue presentada por Pablo Acuña, líder del sector de Los Cocos, junto a los ediles Edgardo Javier Vizcaíno Martínez, Tomás Emilio Aranda Medina y Luis Manuel Falcón Prasca, así como por Juan Felipe García Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Luz del Mundo. En la tutela se advierte la presunta vulneración de derechos fundamentales como la salud, la vida en condiciones dignas, el saneamiento básico y el derecho a un ambiente sano, debido a la falta de medidas efectivas para detener el desbordamiento de aguas residuales en diferentes barrios de la ciudad.
El despacho judicial ordenó notificar al Distrito de Santa Marta, a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, para que dentro de un plazo de dos días se pronuncien de manera clara y detallada sobre los hechos expuestos en la tutela y aporten las pruebas correspondientes.
Además, el juzgado decidió vincular al proceso a entidades como el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), la Universidad del Magdalena, la Defensoría del Pueblo regional Magdalena, la Personería de Santa Marta, la Procuraduría de Santa Marta y la Procuraduría General de la Nación, al considerar que lo que se resuelva en el proceso podría impactar directamente en sus competencias institucionales.
“Este es un primer paso importante. Lo que estamos pidiendo es algo elemental: que Santa Marta deje de vivir entre aguas de alcantarillas. No más rebosamientos, no más indiferencia frente a un problema que afecta la salud y la dignidad de miles de familias”, señaló Pablo Acuña tras conocerse la decisión judicial.
El líder político explicó que la iniciativa seguirá acompañándose desde el territorio con el respaldo de los ciudadanos que participaron en la firmatón, y reiteró que la intención es que el proceso judicial permita avanzar hacia soluciones concretas y definitivas para el sistema de alcantarillado de Santa Marta.
“La dignidad de la gente no puede seguir esperando. Esta tutela es una herramienta ciudadana para exigir lo que por años se ha prometido y no se ha cumplido”, concluyó Acuña.
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