Audios, chats y correos salpican a funcionarios del Gobierno por supuestos vínculos con ‘Calarcá’

Un conjunto de chats, correos electrónicos, cartas y archivos digitales incautados desde 2024 estaría destapando lo que sería uno de los escándalos de seguridad más sensibles de los últimos años en Colombia; presuntos vínculos entre disidencias de las Farc, mandos de inteligencia del Gobierno y altos oficiales del Ejército.

Las revelaciones, dadas a conocer por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, apuntan a una supuesta relación entre la estructura armada al mando de alias ‘Calarcá’ y dos nombres clave; el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La información que estaría en poder de la Fiscalía

De acuerdo con los reportes periodísticos, la Fiscalía General de la Nación tendría en su poder desde hace más de un año más de un centenar de dispositivos electrónicos (celulares, computadores, memorias USB) incautados durante un operativo militar el 23 de julio de 2024 en el nordeste antioqueño.

En ese procedimiento fue detenida una caravana de siete jefes de las disidencias, quienes se movilizaban con escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y viajaban en compañía de un menor de edad, lo que configuraba flagrancia. Sin embargo, por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, varios de ellos fueron dejados en libertad bajo la figura de “gestores de paz”.

Lo que no se conocía públicamente es que los dispositivos incautados habrían contenido información que evidenciaría canales de comunicación directos entre los jefes de esta estructura armada y funcionarios del Estado.

Las supuestas reuniones y el plan de una empresa fachada

Entre los documentos revelados figura una carta con fecha del 8 de febrero de 2024, en la que un integrante de las disidencias relata reuniones en Bogotá con el general retirado Huertas. En ese texto se describe un supuesto plan para crear una empresa de seguridad privada que funcionaría como fachada para legalizar hombres armados, armas y vehículos blindados.

Según el contenido de esos archivos, el general habría ofrecido gestionar permisos de armas, vehículos oficiales y logística, bajo un esquema de sociedad compartida. También se menciona la posibilidad de evadir retenes militares y facilitar movilidad por diferentes regiones del país.

El rol que se atribuye a la inteligencia

En los mismos archivos aparece el nombre de Wilmar Mejía, descrito por fuentes de Noticias Caracol como una figura con alto poder dentro de la DNI. Según testimonios recogidos en la investigación periodística, su papel habría sido actuar como enlace entre estructuras armadas ilegales y sectores de la Fuerza Pública, facilitando información sensible sobre operativos y movimientos militares.

Uno de los puntos más delicados es la denuncia de una posible entrega de frecuencias de comunicación del Ejército, lo que habría permitido a los grupos armados anticiparse a operaciones y evitar enfrentamientos.

¿Por qué la investigación no avanza?

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a que, pese a tener el material desde 2024, la Fiscalía no ha anunciado avances formales en este caso, según los reportes periodísticos. Chats, audios y documentos reposarían aún bajo cadena de custodia sin imputaciones conocidas.

Tras la publicación de los informes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que ordenó la apertura de una investigación interna y pidió celeridad a la Fiscalía.

El general Juan Miguel Huertas negó cualquier vínculo con las disidencias y afirmó que se trataría de un montaje en su contra. Por su parte, Wilmar Mejía también rechazó las acusaciones y aseguró que jamás ha sostenido reuniones con grupos armados ilegales.

Desde la Presidencia y la Vicepresidencia se indicó que no exista relación alguna con estructuras criminales y que las campañas políticas fueron “transparentes y legítimas”.