ONU condenó ‘castigos’ y limpieza social de las Acsn en Santa Marta

A través de un comunicado la la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la imposición de sanciones y castigos en Santa Marta y Valledupar, fuera del marco legal, ejecutado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
En 2025, la ONU indicó que ha recopilado 19 registros audiovisuales provenientes de diversas fuentes, en los que se evidencian conductas como la violencia física, el trabajo forzado, la inmovilización de extremidades, la exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento y las solicitudes públicas de perdón.
Estas agresiones se imponen por presuntas acciones como el expendio de sustancias psicoactivas, el hurto, la violencia de género, la violencia intrafamiliar y las riñas.
Ante la concurrencia de estos hechos, la organización de Derechos Humanos expresó su rechazo.
“Las anteriores acciones constituyen graves vulneraciones de los derechos humanos, incluyendo actos que podrían ser calificados como tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población, y son una afectación directa del derecho a la integridad personal reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en la Convención contra la Tortura, de los cuales Colombia es Estado parte” indicaron.
Asimismo, expresaron que estos actos al ser realizados por un grupo armado no estatal son infracciones del Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra y pueden constituir un crimen de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma- y/o un crimen de guerra cuando se inflige en contra de personas protegidas por el DIH como civiles, según el Artículo 8, y podrían ser conductas objeto de investigación de la Corte Penal Internacional.
Explicando también que entre las víctimas, ONU Derechos Humanos ha identificado a mujeres obligadas a realizar trabajos forzados, como barrer, y a quienes se les ha rapado el cabello de manera forzada.
“Estas acciones contra las mujeres atentan contra su autoestima y su identidad, estrechamente vinculadas con su autonomía y control personal, como lo señaló en 2020 el Relator contra la Tortura, Nils Melzer, en su Informe A/HRC/43/49, y pueden constituir formas de violencia por razón de género, conforme a lo establecido en la Recomendación General N.º 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW (CEDAW/C/GC/35)” precisó la organización.
Siendo enfáticos en que los actos de tortura, como formas de castigo, vulneran la dignidad humana de las víctimas.
“Al ser aplicadas por actores armados no estatales, estas conductas debilitan la gobernabilidad local y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado” puntualizaron.
Por último, la ONU hizo un llamado al Estado para que cumpla con sus obligaciones internacionales para prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de la población víctima de estas agresiones por parte de grupo armados no estatales, y lo exhorta a adelantar las investigaciones necesarias que permitan sancionar a los responsables y reparar adecuadamente a las víctimas.
Por último, la organización instó al Estado a implementar adecuadamente la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, en particular su principio de protección eficaz a la población civil y su objetivo específico de proveer condiciones para la seguridad y protección de la población, especialmente su estrategia 3, para priorizar la protección territorial.
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