Orden de captura contra congresistas Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes la captura de los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, quienes ejercieron recientemente como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. La decisión se produjo en medio de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según revelaron los magistrados de la Sala de Instrucción, existieron indicios suficientes para dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos congresistas, por los presuntos delitos de cohecho propio y peculado por apropiación en favor de terceros.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, Name habría recibido 3.000 millones de pesos y Calle otros 1.000 millones, a cambio de respaldar las reformas del Gobierno en el Congreso. Pinilla aseguró que los pagos se realizaron en efectivo y con pleno conocimiento de altos funcionarios del Ejecutivo.

La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, también rindió testimonio ante la Corte y confirmó la existencia de los pagos, lo que fortaleció la evidencia recopilada durante varios meses de investigación.

El senador Iván Name se despidió el lunes del Congreso con un discurso en el que expresó incertidumbre sobre su futuro y recordó con orgullo sus 20 años de carrera política. Por su parte, Andrés Calle no emitió declaraciones públicas.

Ambos congresistas pertenecen a colectividades de peso en el escenario político nacional: Name es parte de la Alianza Verde y Calle del Partido Liberal. De comprobarse su culpabilidad, podrían perder sus curules y aplicarse la figura de la ‘silla vacía’.

Este caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre irregularidades dentro de la UNGRD, entre ellas la compra de carrotanques con presuntos sobrecostos para el departamento de La Guajira. Sneyder Pinilla ya fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y colaborar con la justicia.

Las autoridades judiciales continuaron avanzando en el proceso para esclarecer la magnitud de la red de corrupción que salpicó a miembros del Congreso y del alto Gobierno.