Quienes paguen por servicios sexuales podrían pagar hasta $23 millones de multa

Clara Rojas González, representante del partido liberal radicó un proyecto de ley para que quienes paguen por servicios sexuales a personas en situación de prostitución sean sancionados con multas progresivas hasta de 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aproximadamente unos  $23 millones.

El objetivo de la congresista es desestimar esta práctica teniendo en cuenta que muchas personas que se encuentran en situación de prostitución han sido víctimas de la violencia del conflicto y explotadas sexualmente.

“Entre el 60 y el 70 % de las personas que ejercen la prostitución son personas de estratos 1-3, migrantes y desplazadas por la acción de grupos armados al margen de la ley. Estas cifras fueron dadas a conocer en una Audiencia Pública que realizamos en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes”, argumentó la representante a la Cámara.

Además la idea que con los dineros que se obtengan de la multa, se creé el Fondo Nacional de Atención y Apoyo a Personas en Situación de Prostitución (FONASP), administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social y que servirán para financiar las políticas, planes y programas dirigidos a esta población vulnerables.

De aprobarse la ley, las sanciones se harían de manera progresiva  desde el momento que entre en vigencia, por ejemplo: durante los dos primeros años a partir de la vigencia de la presente ley, se cobrarían cuatro SMLV y después del tercer año serían ocho, hasta llegar al noveno año de vigencia, en el cual se cobrarían 32 SMLV.