Consejo Seccional de la Judicatura abre vigilancia a tutela del juez Villalva

El Consejo Superior de la Judicatura, Seccional del Magdalena, es un nuevo actor que se suma ahora a la lupa que se tiene sobre la decisión que tome el juez cuarto laboral del circuito, Carlos Alberto Villalva del Villar, que es quien tiene en sus manos la decisión de qué pasará con la candidatura de Jorge Agudelo Apreza a la Alcaldía de Santa Marta.

La actuación del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena corresponde a un trámite de vigilancia administrativa que fue elevado por el abogado Miguel Ignacio Martínez Olano, debido a las posibles irregularidades que se puedan presentar.

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Como se conoce, este juez recibió por reparto una de la única tutela que no se concentró en la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta, y que vienen siendo fallados por los magistrados, superiores jerárquicos del juez.

El juez Villalva, al recibir la tutela, no procedió a devolverla para que fuera acumulada junto con los otros recursos de la tutelatón, sino que, por el contrario, aprobó la medida cautelar y ordenó que Agudelo fuera inscrito como candidato de Fuerza Ciudadana para aspirar a la Alcaldía de Santa Marta, pese a que su inscripción no se pudo dar formalmente, pues cuando venció el plazo para las modificaciones, el pasado 29 de septiembre, el partido todavía tenía inscrito a Patricia Caicedo Omar, a quien posteriormente le revocaron su inscripción.

Lo que llama la atención es que, pese a que ya transcurrieron 10 días, el juez aún no se ha pronunciado frente a esta tutela, identificada como la número 2023-00384.

Frente a este proceso, la Procuraduría General de la Nación radicó una petición al juez, solicitándole que se abstenga de fallar y que, por el contrario, envíe dicha tutela a acumulación junto con las otras decenas de recursos, como debió suceder desde un principio.

El juez Villalva del Villar ya fue recusado y, según ha afirmado el abogado Miguel Martínez, es que si el juez falla en contravía a sus superiores jerárquicos (quienes ya han declarado improcedentes las demás tutelas), podría incurrir en el delito de prevaricato.