Fiscalía imputa a Caicedo, pero suspenden la solicitud de medida de aseguramiento

A partir de las 2:00 pm se llevó a cabo la segunda audiencia contra el gobernador Carlos Caicedo Omar, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contrato sin requisitos legales, ante las presuntas irregularidades identificadas en el Coliseo de Gaira.

La diligencia precedida por el magistrado Carlos Héctor Tamayo Medina, se desarrolló de forma tensa, puesto que desde el inicio el togado, señaló que no permitiría que las partes se extendieran en sus intervenciones, exigiendo precisión en la exposición pues de lo contrario suspendería la audiencia.

Aunque al menos en tres ocasiones interrumpió la exposición del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Leonaro Augusto Cabana, este servidor judicial alcanzó a exponer el panorama de inconsistencias contractuales, técnicas y financieras, identificadas en el Coliseo de Gaira.

En su exposición, el fiscal empezó recordando que una obra que fue contratada en 2015 por $2.684 millones y cuya construcción no debía superar los seis meses, al final terminó costando $4.291 millones y entregándose cuatro años después.

La entrega, sin embargo, no significó que fuera puesta a disposición de la comunidad, ya que las fallas estructurales del escenario deportivo impulsaron su cierre.

Adicionalmente, se le acusó a Carlos Caicedo del delito de peculado por apropiación, al identificar sobrecostos que ascendieron a los $690 millones.

Los precios de los materiales eléctricos facturados no coincidían con los valores en el mercado, así como tampoco la discriminación de obras ejecutadas en el contrato, con la infraestructura que realmente se entregó.

En esa misma línea, la Fiscalía sostuvo que Carlos Caicedo habría pagado de más, 159 millones de pesos al contratista, tal como quedó registrado en el registro de operaciones por concepto de anticipo de la obra, que en total fue de $1.339 millones.

“Obró de forma criminal en las conductas de la administración”

Para el delegado de la Fiscalía ante la Corte Suprema, estas actuaciones se desarrollaron yendo en contravía con los principios de transparencia de la gestión pública.

Pues, señaló que también se evidenció un presunto direccionamiento en el proceso de adjudicación del contrato, pues el entonces alcalde Caicedo, habría solicitado una serie de ítems que van contra la ley, y que ni siquiera entidades como Colombia Compra Eficiente solicita.

Un ejemplo de esto, es que pidió que el contratista que quisiera hacer el Coliseo de Gaira, tuviera una liquidez económica de tres veces su valor, cuando el promedio es de 1, 1.5; al igual que solicitó 15 años de experiencia cuando la norma establece un máximo de 10 años, asimismo, el mandatario pidió “experiencia en la construcción de un Polideportivo”.

“Requisitos excluyentes para direccionar contratos, que hizo que solo se presentara una oferta”, que cabe destacar, fue MC Ingenieros con quien ya se habrían identificado nexos comerciales.

No obstante, esto no fue garantía para que se asegurara el cumplimiento de  la obra, e incluso se expuso que ante las alertas de atrasos en el cronograma, la Alcaldía de ese momento ni siquiera hizo un requerimiento al contratista sobre la programación de la obra.

Estas actuaciones para la Fiscalía, serían prueba que Carlos Caicedo Omar actuó de forma dolosa, y “criminal en las conductas de la administración pública”, revelando que actualmente también se cursan procesos penales contra varios miembros de su administración, además del representante legal de MC Ingenieros, Gilberto Amado Bernal.

Suspensión de la audiencia de aseguramiento

El gobernador Carlos Caicedo, que compareció en medio de una puesta en escena desde el mismo coliseo, no se allanó a los cargos y se declaró inocente.

Superada esta etapa se dio trámite a atender la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria, que solicitaba la Fiscalía por los delitos imputados.

Pero, este proceso fue suspendido de forma abrupta, luego de una confrontación entre el fiscal delegado y el magistrado Tamayo, que acusó al funcionario judicial de ser redundante en su discurso y no ir al grano.

El fiscal Leonaro Cabana, en consecuencia, pidió la suspensión de la diligencia señalando que no tenía garantías, y solicitando que se reanudara el próximo 15 de marzo, pero el magistrado dijo que para esa fecha no podía.

Aún se desconoce cuándo se dará trámite a la audiencia de medida de aseguramiento contra el hoy gobernador del Magdalena.