Así ajustaron la contratación del chance en el Magdalena

Desde junio, el clan de Enilce López, empresaria conocida como la Gata, enfrenta un lío judicial que podría derrumbar su emporio del chance. Con información suministrada por la DEA, agencia antidrogas de EEUU, la Fiscalía General de la Nación estableció que entre 2000 y 2010 se habría desarrollado una operación de blanqueo de capitales a través de sus empresas de apuestas, presuntamente para cubrir el ingreso de dineros provenientes de las arcas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

En operativos simultáneos, la Dijín capturó a 11 fichas clave de este grupo asociadas a las empresas del chance en la Región Caribe. En las redadas cayó Carmelo Herazo, gerente de Aposmar.

La vinculación de Aposmar a estas investigaciones cobra relevancia pues, pocos meses antes de que estallara en Sucre el escándalo por la concesión del chance que ganó Aposucre, otra de las empresas del clan de Enilce López, en el Magdalena la Gobernación de Luis Miguel Cotes, de manera silenciosa, había renovado la respectiva concesión de los juegos de apuestas permanentes a Aposmar.

Si bien la atención del país se concentró en Sucre, a tal punto de que la Procuraduría, la Contraloría, la oficina del Zar Anticorrupción y hasta el propio presidente Juan Manuel Santos presionaron para que reversaran la licitación, en el caso de Magdalena ningún ente de control se pronunció pese a que el modo en que se acomodó la contratación fue el mismo, y también favoreció finalmente a las empresas de López.

En el caso de Aposucre, el entonces secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, lideró una serie de advertencias sobre irregularidades identificadas en el proceso de licitación en el que participaba un único proponente, pues, entre otros requisitos, el pliego de condiciones establecía que el concursante debía acreditar como experiencia la ejecución de un contrato de concesión del chance por un término de 15 años, durante los últimos 20.  Esto también ocurrió con la adjudicación en el Magdalena, donde los requisitos fueron definidos de una forma que beneficiaba a un proponente que ya fuera concesionario en el departamento (ver recuadros inferiores).

Las alertas en Sucre llevaron a que la Procuraduría sancionara con una suspensión de ocho meses al gobernador Julio César Guerra, e inhabilitara al exdirector de Emcoazar Edwin Romero Ángel por las irregularidades presentadas en la licitación adjudicada entre julio y septiembre de 2013.

EL HERALDO consultó al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, en repetidas ocasiones para conocer su posición sobre el tema, pero al cierre de esta edición no había respondido.

15 años de experiencia, durante los últimos 20

El pliego de condiciones exigía que el proponente acreditara haber ejercido la operación del chance como mínimo por 15 años, durante los últimos 20. Este requisito se ajustó a la propuesta de Aposmar, pues dicha empresa ha mantenido la concesión del chance en el Magdalena de manera ininterrumpida desde 1997. A criterio del comité evaluador de la propuesta, Aposmar cumplió a cabalidad pues logró acreditar 15 años y 8 meses de experiencia específica. Sin embargo, en el caso de Sucre este aspecto sirvió como una de las justificaciones con las que la Procuraduría sancionó disciplinariamente a los responsables del proceso licitatorio. Tras el escándalo, la Gobernación de Sucre declaró la caducidad del contrato de concesión del chance suscrito con Aposucre, y convocó un nuevo proceso, en esta ocasión sin incluir el requisito de la experiencia durante los últimos 15 años. (Cronología de las concesiones de Aposmar)

La diferencia entre tener y ofrecer

Dentro de la propuesta técnica para elegir al aspirante más óptimo, la Gobernación del Magdalena impuso un tope de 1.000 puntos, de los cuales se otorgaba un máximo de 300 a quien cumpliera con el criterio de puntos de ventas y número de vendedores, según una escala que otorgaba mayor calificación a aquel proponente que ya tuviera esos requerimientos y menos puntos al que apenas ofreciera tenerlos. Al proponente que ofreciera instalar los puntos de venta (cualquiera distinto a Aposmar) le exigieron acompañar su oferta con los respectivos contratos de promesa de arrendamiento o compra. Igual aplicó para los vendedores: debían anexar  una promesa de contratación junto a las respectivas copias de cédula. Como Aposmar era el concesionario, solo le bastó acreditar estos ítems a través de una certificación que expidió la entidad concedente, es decir, la propia Gobernación del Magdalena.

Apoyo a la mano de obra local y regional

En el pliego de condiciones, la Gobernación del Magdalena incluyó un ítem denominado Apoyo a la mano de obra local y regional, justificado en que era un mecanismo que fomentaba la ejecución de contratos estatales con mano de obra propia del departamento. De esta manera, la evaluación técnica otorgaba otros 300 de los 1.000 puntos al proponente que acreditara que el personal contratado "tuviera domicilio en el departamento del Magdalena", para lo cual el proponente debía presentar en el listado del personal, el domicilio de cada uno de ellos, a fin de que esto fuera verificable. En este ítem, Aposmar aseguró el máximo puntaje, pues contaba ya con 15 años y 8 meses de ventaja ante un eventual proponente, ya que durante este tiempo consolidó su respectiva planta de empleados domiciliados en el departamento. La suma de todos estos requerimientos ponían en ventaja al proponente-concesionario.

Aposmar debía $815 millones por transferencias

Como parte de los requisitos para aspirar a la concesión del chance en el Magdalena, los pliegos definitivos exigían que el proponente interesado estuviera a paz y salvo con el pago de los derechos de explotación del chance a la fecha de la presentación de la respectiva propuesta. El comité evaluador, al revisar la documentación presentada por Aposmar (único proponente), dio constancia de que “se halla el certificado de paz y salvo expedido por el Departamento derivado de la suscripción y legalización del contrato de concesión de apuestas permanentes”. En consecuencia, la oferta fue admitida por cuanto “presentó todos los documentos exigidos”.

Sin embargo, en 2013, cuando ya la concesión había sido adjudicada y Aposmar se encontraba nuevamente operando el chance, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, Coljuegos, expidió el acuerdo 084 de 2013 en el que se evaluó la gestión de estas operadoras para las vigencias del 2011 y 2012.

En el documento queda de manifiesto que Aposmar presentaba transferencias faltantes por concepto de derechos de explotación, por cantidad de $735.402.741 en la vigencia de 2011 y $80.286.782 en la vigencia de 2012, para un faltante total de $815.689.523 que no habían sido transferidos al departamento para la fecha en que esta empresa aspiraba a la concesión, que finalmente le fue renovada.

El acuerdo expedido por Coljuegos haría improbable que Aposmar pudiese haber presentado un certificado de paz y salvo por las transferencias y, en consecuencia, el comité evaluador tampoco habría podido declarar como admitida la propuesta de Aposmar.