Multan a Caicedo por desacato en el reintegro de Mayra Castro al hospital de Pivijay

Por no acatar a tiempo el fallo de reintegrar a Mayra Castro a la gerencia del hospital de Pivijay, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, deberá pagar una multa económica de 4 salarios mínimos mensuales. 

La novela jurídica entre Castro y la Gobernación del Magdalena tiene este nuevo episodio: y es que por una orden de tutela que ganó la gerente Castro Britto, el mandatario departamental estaba obligado a reintegrarla al cargo de gerente del hospital Santander Herrera, sin embargo, éste no lo hizo.

Ante las demoras de Caicedo para cumplir el mandato judicial, la defensa de Castro entabló un desacato, por lo que el Juzgado obligó a Caicedo a hacer el reintegro y ahora le impuso esta sanción económica. 

“Caicedo la había reintegrado, pero dijo que solo lo haría por cuatro meses y el juez de segunda instancia precisó que esto no era así, que los cuatro meses eran el tiempo prudencial para que la gerente instaurara la demanda en lo contencioso administrativo, sin embargo, ella permanecería en el cargo hasta que se resolviera su situación jurídica”, explicó el abogado penalista Julián Quintana, defensor de Mayra Castro.

Frente a esto, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay le interpuso al mandatario departamental una multa de cuatro salarios mínimo mensual por el desacato a lo ordenado en sentencia de tutela calendada.

Esta novela surgió desde el momento en que una primera tutela a favor de Mayra Castro Brito ordenó que fuera reintegrada a la gerencia del Hospital de Pivijay luego de que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, hubiera determinado su salida sustentada en una carta de renuncia que la misma Mayra Castro dijo que era falsa.

La sentencia de esa primera tutela había sido declarada nula y el proceso había sido devuelto nuevamente al juez quien, por segunda vez, dio a Mayra Castro la oportunidad de regresar a la gerencia, otorgándole cuatro meses para que resolviera de fondo su situación jurídica ante lo contencioso administrativo; situación que había sido, incluso, confirmada en segunda instancia en esta segunda ocasión.