Magdalena bajará a Tercera Categoría en 2022: ¿y eso qué significa?

El pasado 29 de octubre, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, expidió el decreto 298 mediante el cual se determina la categoría presupuestal del departamento del Magdalena para la vigencia de 2022.

Las categorías de los departamentos están reguladas por la Ley 617 de 2000, y en estas, básicamente, se señala a cuál pertenece cada departamento de acuerdo con la población existente y a los ingresos corrientes de libre destinación anuales que tenga el ente territorial. Hasta el momento, el Magdalena se mantenía en Segunda Categoría.

Sin embargo, para el caso del Magdalena, el impacto negativo de la pandemia afectó los ingresos tributarios de las entidades territoriales, es decir, que se presentó un recaudo mucho menor en aspectos como los impuestos al tabaco, al alcohol, las estampillas, entre otros impuestos departamentales.

El ‘bajón’ en el recaudo, producto de las estrictas normas que imperaron durante la pandemia, llevaron a que el Departamento recaudara lo equivalente a 101.293 salarios mínimos legales vigentes, lo cual obligó al departamento a ir a la categoría tres, que corresponde a departamentos con ingresos corrientes de libre destinación anuales entre 60 mil y 122 mil salarios mínimos legales vigentes.

¿Esto en qué afecta?

Sin duda alguna, un hecho cierto es que el Magdalena, al menos durante el año 2022, será tenido en cuenta como un departamento de menor categoría, no por el tamaño de su población, pero sí por su disminución en ingresos.

Aunque esto era algo previsible. De hecho, la Federación Nacional de Departamentos emitió una circular al Minhacienda en la que pidió que no se tuviera en cuenta una recategorización por cuenta de una disminución en los ingresos corrientes durante el año 2020, pues la pandemia, efectivamente, iba a afectar enormemente los ingresos. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada.

Ahora bien, una vez recategorizados, la misma Ley (617 de 2000) expresa en el Parágrafo 3 del Artículo 1 que “cuando un departamento descienda de categoría, los salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría”. En otras palabras, supuestamente los honorarios que perciben los diputados, el salario del Gobernador y de los funcionarios públicos deberían verse afectados.

Pero esto no es tan sencillo, pues -de acuerdo con juristas expertos- existe suficientes argumentos jurídicos que protegen a los trabajadores.

“Hay un principio del Derecho Laboral, y para el caso nuestro está elevado a canon constitucional en el artículo 53. Esa desmejora que establece la Ley 617 para los salarios no tiene aplicabilidad, lo cual quiere decir que los salarios no se pueden bajar de manera automática. De hecho, ese parágrafo que aparece en la Ley 617 de 2000 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, con la sentencia C-1098 de 2001”, afirmó Donaldo Duica.

Pese a que, en principio, la descategorización del departamento no debe afectar a los funcionarios actuales (que no pueden tener sus condiciones desmejoradas), lo que sí es cierto es que “si el departamento continúa con la ‘pereza fiscal’, a futuro, los salarios tendrían que bajar”.

De acuerdo con el experto, el departamento debe adecuar su nueva realidad a la nueva categoría a la que pertenece y esto debe tener una consecuencia administrativa, que debe corresponder una reorganización su nueva realidad.