Tres diputados de la ‘minoría’ rechazan embargo del ‘Julio Méndez’ al Distrito

Los diputados de la Asamblea Departamental del Magdalena, Rafael Noya, de Fuerza Ciudadana; Martha López, del partido Liberal y Joaquín Cortina, de Cambio Radical, rechazaron el embargo impuesto por el hospital Julio Méndez Barreneche a la administración distrital.
“Rechazamos rotundamente la arbitraria decisión del Agente Especial Interventor del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (Hujmb), Luis Oscar Gálvez Mateus, de embargar los recursos provenientes del Sistema General de Participación (SGP) del distrito de Santa Marta, atentando flagrantemente contra la salud de los samarios en medio la difícil situación que estamos atravesando por la pandemia ocasionada por el Covid-19”, denunciaron los asambleístas.
Agregaron que la decisión tomada por la actual administración del ‘Julio Méndez’ que a todas luces va en contra de la ley y de la Constitución Política de Colombia, “debido a que estos recursos financian la salud y poseen las siguientes características: i) son públicos ii) son inembargables iii) tienen destinación específica y por ende iv) no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente, lo anterior señalado en el art. 25 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud”, argumentaron.
Añadieron, que la Corte Constitucional se ha referido en varias de sus providencias a la inembargabilidad de los recursos de la salud y a la destinación especifica de los mismos en especial en la sentencia C-1154 de 2008, en la cual concluyo la sala que: “(...) la prohibición de embargo de recursos del SGP (i) está amparada por el artículo 63 de la carta política, que autoriza al Legislador para determinar qué bienes y recursos públicos son inembargables”, expusieron los diputados.
Igualmente, los asambleístas que hacen parte del grupo de la ‘minoría’ en la Duma, recordaron que según el informe presentado por el mismo agente Especial Interventor a la Asamblea el pasado mes de abril quedó evidenciado que el 40 % de la cartera, la cual asciende a casi 38 mil millones de pesos, lo adeudan E.P.S que se encuentran actualmente en intervención y bajo el manejo de la Supersalud.
“No se entiende entonces como el gerente encargado no ha sido diligente en rescatar estos recursos para cubrir los pasivos del Hujmb, sino que ahora pretende a través de la figura del cobro coactivo, que tanto el departamento como el Distrito respondan por el pago de la atención a las personas que no están afiliadas al Sgsss, la cual en su mayoría es población fronteriza y que tal como lo ha señalo la alcaldesa de Santa Marta, depende del subsidio del Gobierno Nacional”, cuestionaron.
Los tres diputados también agregaron: “Le pedimos a Gálvez Mateus que no siga atentando contra la salud del pueblo samario y que no se extralimite en sus funciones, so pena de incurrir en faltas disciplinarias, hacemos un llamado respetuoso al Ministerio Público para que haga un acompañamiento especial ante esta situación”, puntualizaron.
Según el ‘Julio Méndez’, el Distrito adeuda por concepto de servicios de salud prestados a la población pobre, vulnerable y migrante la suma de 13.638.149.661. De acuerdo con la entidad, previo al embargo adelantó los trámites de cobro correspondientes para el pago de las facturas adeudadas por la administración distrital, sin tener respuesta alguna.
Por lo anterior, teniendo en cuenta el debido proceso, la interventoría inició el cobro coactivo mediante mandamiento de pago el 8 de febrero de 2021, “en aras de la protección de los servicios de salud prestados a la población vulnerable, pobre y migrante a cargo del Distrito de Santa Marta”.
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