Juez ordena que finca de Álvaro Cotes Vives deje de intervenir el río en Ciénaga
El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga resolvió en primera instancia un fallo de tutela en el que habitantes de esa población reclamaban el derecho al ambiente sano, la seguridad alimentaria y la consulta previa, en contra de la empresa Cohagro, la cual estaba interviniendo el cauce del río Córdoba.
Dicha empresa, representada legalmente por Álvaro Cotes Vives, papá del exgobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes, y dueña, a su vez, de la finca El Confite, se encontraba haciendo labores de dragado en el cauce del río, ubicado en jurisdicción de Ciénaga, amparado en un permiso que había causado Corpamag.
Fue así como pobladores del sector denunciaron ante las autoridades administrativas y la Personería, por lo que se lograron unas mesas de concertación. No obstante, la obra se reanudó pues los voceros de la finca mostraron conceptos favorables de Corpamag y la Procuraduría Regional Agraria.
Los pobladores inconformes denunciaron también que, cuando hacían labores de inspección para grabar evidencias del posible daño ambiental, notaron que los operadores de la maquinaria pesada estaban acompañados por hombres armados.
Pese a esto, procedieron con la tutela, la cual fue fallada por el juez Carlos Arturo García Guerrero el pasado 28 de agosto.
El fallo ampara a los pobladores y le ampara el derecho fundamental al debido proceso, la igualdad, el ambiente sano, la seguridad alimentaria y la consulta previa, por lo que ordena al representante legal de Cohagro, Álvaro Cotes, que “proceda a suspender las actividades de intervención en el cauce del río córdoba y retirar las máquinas”.
El juez estipula que, si la empresa quiere reanudar sus labores, debe lograr un “estudio previo de impacto ambiental actual que sea socializado con todos los campesinos y comunidades ribereñas que se vean afectados con esos trabajos de beneficio particular”.
La decisión del jurista también ordena a la Alcaldía de Ciénaga a que realice acompañamiento constante a los campesinos y a las comunidades ribereñas al río Córdoba “que permitan la prevalencia de los derechos constitucionales amparados”.
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