Dos de siete hospitales de la Subregión Río están en riesgo de quiebra: Gobernación
Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, Sitionuevo y Zapayán, son los nueve municipios que integran esta subregión en el Magdalena y donde los centros asistencias se encuentran en un estado pésimo según la Gobernación.
La región Río tienen en su totalidad una población 131 mil 737 personas, quienes no cuentan actualmente con un sistema de salud digno.
Actualmente tienen a su disposición siete hospitales, la E.S.E. Santander Herrera de Pivijay que es de segundo nivel, pero, además, la región cuenta con seis hospitales de primer nivel, que a su cargo cuentan con un total de 14 puestos de salud.
Después de una investigación la administración departamental detectó múltiples hallazgos en cada uno de los centros médicos que hacen parte de esta zona.
“Problemas en la nómina, en la prestación del servicio, la parte asistencial, una mala situación de los archivos y sistema de información integral, los puestos de salud deprimentes y como si fuera poco, una preocupante situación jurídica en cada uno de ellos. Sumándole a eso, que, de las 80 ambulancias habilitadas en el Magdalena, el 71% no funcionan adecuadamente, 24 están mala, 33 regulares y solo 23 están en buen estado”, señala la gobernación en un comunicado.
Agregan que los hospitales que hacen parte de la Subregión del Río, en general, cuentan con un total de 78 procesos judiciales seguidos en contra de los hospitales pertenecientes a la red de la Región Centro, se estima que habrá de destinar la cuantiosa suma de $ 5.241.613.224 millones para pagar las sentencias.
“Si generalizamos en cuanto a toda esta zona, en donde existen además de los hospitales, el 59% de los puestos de salud se encuentran en muy malas condiciones en infraestructura y por ende en su prestación de servicio”, señala.
La administración departamental explica que en la subregión río el 66% del personal labora bajo prestación de servicio, mientras que el otro 25% tiene una relación laboral con el Hospital. “Con eso demuestra una extralimitación, provocando un ambiente de violación y desconocimientos de los derechos laborales y generando una situación de incertidumbre laboral”.
Hospital Pivijay
A nivel general el total de pasivo de los hospitales de la Zona Río asciende a $14.556 millones y su proporción en los 7 centros hospitalarios es igual, repercutiendo fuertemente en el Hospital de Pivijay de segundo nivel, en donde hay riesgos latentes por el no pago de prestaciones sociales, obligaciones fiscales y proveedores que pueden ocasionar crecimientos de obligaciones por la mora y sanciones a que están sujetos por la naturaleza de las mismas.
Actualmente, además del centro asistencial de Pedraza, el Hospital Santander Herrera, de Pivijay, hace parte del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, todo esto por el pésimo manejo que le dieron en administraciones anteriores.
De acuerdo a ello, es preciso decir que 2 de los 7 Hospitales de la Subregión del Río de este departamento están en riesgo latente de quiebra.
Se indicó, también que, este centro hospitalario cuenta con más personal de contratación por prestación de servicios que aquéllos pertenecientes a nómina. De igual forma, no cuenta con el debido sistema de archivo que garantice la documentación que genere.
“Los datos oficiales señalan que, aunque cuenta con cinco ambulancias, solo tres están en funcionamiento; las otras dos están dañadas. Sin embargo, hay que dejar claro que las que realizan los traslados no están en óptimas condiciones para la demanda de la población. Este Hospital, según sus hallazgos, tiene cuatro procesos jurídicos en etapa de ejecución”, expuso el gobierno departamental.
Hospital de Remolino
En el caso del Hospital de Remolino, según la investigación de la gobernación, cuenta con presuntas irregularidades que comprometen su futuro económico, se evidenció que la cartera de la entidad registrada a 15 de mayo del 2020, presentaba un monto de $185.519.732 pesos, de los cuales $126.355.777 millones están en un proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control que, por su antigüedad y categoría de las cuentas por cobrar, se encuentran en cuentas de difícil cobro, lo que incide en la liquidez de la entidad.
Además, actualmente cursan en total 38 procesos jurídicos en contra de los cuales 18 obedecen a reclamaciones de derechos laborales y 19 a acciones de origen contractual. También se conoció que evidentemente el centro asistencial cuenta con más personal de contratación por prestación de servicios que aquéllos pertenecientes a nómina.
En el momento solo hay una ambulancia y su estado no es el mejor para 7 mil 840 habitantes, aproximadamente, teniendo en cuenta que se trata de un hospital de primer nivel en el que dependen 8 puestos de salud del mismo número de corregimientos.
Hospital Cerro de San Antonio
Lo mismo ocurre con el Hospital de Cerro de San Antonio, el cual cursan 7 procesos jurídicos en contra. Aquí se evidenció que la cartera de la entidad presentaba un monto de $508.238 millones, de los cuales $191.015 millones están en un proceso sistemático de evaluación.
Otro de los hallazgos en la cartera es que $244.209 millones están en cuenta de difícil cobro y entre 180 días y 360 días se encontró un valor de $53.194 millones de regular cobro que perjudican a la entidad para un total de $297.403 millones; aunado a lo anterior el hospital el valor que se registra por pasivo es de $2.729 millones correspondientes a cuentas por pagar.
“La recolección de las evidencias físicas obtenidas, se constató que cuenta con 4 ambulancias en estado de deterioro, producto de indiferencia y negligencia administrativa de la administración anterior. De acuerdo a ello, no compensa la cantidad de ambulancias que tiene a disposición versus la demanda del servicio exigido por la comunidad, por lo cual pone en riesgo la adecuada y oportuna atención a los usuarios”, indica la gobernación.
Hospital Pedraza
Otro de los hospitales inspeccionados fue el de Pedraza, el cual presenta una gran problemática.
“Hay serios problemas de deudas, en sus contrataciones al personal en general y el sistema de archivo es obsoleto. Los puestos de salud que tiene a su cargo están no solo deteriorados en su infraestructura, sino, que no cuenta con sus camillas y la debida dotación para el funcionamiento”, detalla el informe.
“Hay que recalcar que al igual que Pivijay, hace parte del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. También se evidenció en sus hallazgos que, no hacen los cobros de las facturas a tiempo, por lo que genera un impacto negativo en el flujo de caja en efectivo de la entidad, el cual serviría para mantener el equilibrio financiero y cubrir el pasivo correspondiente. Esto se tipifica mediante el delito de carácter fiscal de detrimento patrimonial”, subrayó.
De la misma manera ocurre con los hospitales de Sitionuevo, Zapayán y Concordia, “en donde de acuerdo a los hallazgos presentados por los actuales gerentes designados, cuentan con graves inconvenientes en sus carteras, con pasivos impresionantes y con sus infraestructuras casi que inservibles”, puntualizó.
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