En el contexto del Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, le pide al presidente de la República, Iván Duque, no abandonar a las regiones a su suerte y anunciar urgentemente apoyos específicos a los territorios.

Estas son las peticiones:

Primero: El Decreto 444 del Gobierno Nacional tiene puntos inaceptables y altamente inconvenientes para nuestro territorio, utiliza de manera inconsulta los recursos del FAE y del Fonpet, dichos recursos no están siendo reorientados para resolver las necesidades locales sino para transferirlos al sector privado y garantizar la liquidez de los bancos. El Banco de la República y el Gobierno están desconociendo otras fuentes de financiamiento posibles si se flexibiliza la política monetaria, como lo están haciendo otros bancos centrales del mundo. Los recursos se invertirán a discreción del Ministerio de Hacienda sin mayor claridad ni especificación.

Segundo: Proponemos medidas para fortalecer la red hospitalaria, y que en consecuencia se permita el desahorro Fonpet para la red hospitalaria local; utilizar las cuentas maestras en salud; el apalancamiento de las redes departamentales de salud (hospitales) con FAE; que se realicen los pagos del acuerdo de Punto Final a las EPS; la destinación de recursos para para la red hospitalaria desde las CAR; ampliar la resolución que regula el PIC en salud para atender la emergencia.

Tercero: El uso de las reservas internacionales. Creemos que es el momento de debatir sobre estas reservas, pues su monto actual de 53 mil millones de dólares es más que suficiente para la crisis. Es posible utilizar de manera directa una parte de estos recursos pues son activos que el país puede utilizar de manera responsable: si se recurriera a 7 mil quinientos millones de dólares, que no afectan la seguridad financiera, serían 30 billones de pesos. El monto de reservas es excesivo y, adicionalmente, su rendimiento es mínimo. Ahora apenas es de 0,25% al año.

Cuarto: Los bancos centrales –comenzando por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo– están haciendo movimientos monetarios que permiten inyectarle recursos a la economía. En nuestro caso el Banco de la República le puede prestar al Gobierno y, además, tiene otros mecanismos para aligerar el peso de la deuda y generar recursos que se pueden utilizar en la atención de la crisis. Las alternativas son variadas, y van desde la compra de TES en el mercado secundario, hasta un replanteamiento de la forma de contabilizar las reservas en pesos.

Quinto: La deuda pública externa con reservas. Declarar una moratoria es otro mecanismo, pues el país no puede pagarle a la banca cuando no tiene para darle de comer a la gente en sus pueblos en medio de la pandemia. Con estos recursos se podría fortalecer de forma significativa la débil red pública hospitalaria.

Sexto: Utilizar facultades de emergencia para que con los recursos de Ciencia y Tecnología de las regalías los territorios tengan los equipos básicos de laboratorios y de respiración asistida, pues los gobiernos locales están completamente desprotegidos en esto. En el caso del Magdalena, es necesario reforzar los medios técnicos para ofrecer respiración asistida en los hospitales del departamento.

Séptimo: reorientación de recursos para la organización de un Banco de Alimentos Nacional, con el fin de entregar mercados robustos a las personas pobres más vulnerables durante 90 días inicialmente y de manera preferente para aquellos que no tienen ningún tipo de subsidio. Se trata de un mercado solidario a la casa, mediante la construcción de un modelo que cuente con el acopio de alimentos nacionales y departamentales para garantizar una distribución equitativa eficiente.

Octavo: Para la economía de los hogares y empresas, proponemos: congelación de servicios públicos por un periodo de 90 días para los sectores más vulnerables, tal y como se ha hecho en países como España o Francia; ii) Congelación de cuotas de créditos hipotecarios y comerciales para segmentos más afectados. Alivios para los deudores del sector bancario y comercial y, en especial, para aquellos del sector de la economía informal. Se debe suspender el cobro de las cuotas correspondientes a dichos créditos por un periodo de 90 días. Estas deudas deben se diferibles en los meses siguientes del crédito y sin intereses, como lo han hecho otros países.

Noveno: Medidas de solidaridad digital y de comunicaciones. En esta crisis nadie puede estar incomunicado. Por tanto, se le debería pedir a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones que ofrezcan de manera gratuita, y durante 90 días, el acceso ilimitado desde los teléfonos y canales digitales. Este mecanismo facilitaría las comunicaciones entre las personas, sus familias y ayudaría a los peligros del aislamiento y sus consecuencias en la salud mental de los ciudadanos. Se ayudaría también a reducir los efectos perversos de la parálisis económica.

Décimo: Pero no menos importante, las medidas para el sector informal. Proponemos adoptar medidas efectivas en favor de los trabajadores informales que más se ven afectados por la situación, tales como las ventas ambulantes, los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas. Un mecanismo podría ser el otorgar un ingreso básico de emergencia o de “rentaantipobreza” a los más necesitados, de manera que puedan adquirir alimentos y gastos de primer orden. El valor de la renta básica podría estar entre 0,5 y un salario mínimo mensual al mes, programado por 90 días.

Finalmente, y con el mayor respeto por la autoridad central, sentimos que las regiones estamos siendo tratadas como si fuéramos incapaces de gestionar los asuntos de nuestras comunidades. Pare el caso del Magdalena, es importante recordar que el 86% de nuestra población está en la informalidad y que en esa medida no tiene ahorros para hacerle frente a la cuarentena.