Electricaribe se pronunció sobre decisión de Contraloría al imputarles responsabilidad fiscal

Luego de conocerse este lunes que la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $187 mil millones a la empresa Electricaribe, por la presunta aplicación indebida de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social, FOES, la compañía se pronunció.

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La empresa que presta el servicio de la energía eléctrica en la Región Caribe, indicó a través de un comunicado que sobre las noticias que se generaron acerca de la decisión de la Contraloría “por la aplicación del FOES entre julio de 2011 a octubre de 2016, es decir por actuaciones anteriores al proceso de intervención, la empresa señala que por el momento no ha sido notificada de la decisión. Una vez la conozca procederá a su análisis y determinará las acciones a seguir”.                 

“Sin perjuicio de lo anterior, Electricaribe indica que un auto de imputación de responsabilidad fiscal representa la continuación del procedimiento administrativo para determinar si efectivamente existe certeza de un daño patrimonial al Estado, de tal manera que el auto que se viene anunciado en los medios de comunicación no es una decisión definitiva”, agregó la empresa.

“Es muy importante destacar que la Agencia Especial de Electricaribe acogió las recomendaciones hechas por la Contraloría General de la República en las auditorías que practicó sobre el FOES, razón por la cual viene aplicando este subsidio en la forma indicada por este ente de control. Es así, que se reconoció retroactivamente a favor de los usuarios las sumas que no se habían hecho efectivas desde el pasado 15 de noviembre de 2016, fecha en la cual se ordenó la  toma de posesión ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos”, finalizó el pronunciamiento de Electricaribe

De acuerdo con la Contraloría, hubo una indebida aplicación de los recursos entre los periodos de julio de 2011 y octubre de 2016 cuando debieron aliviar el valor a pagar de la factura de los usuarios en estratos 1 y 2 en zonas especiales de la Región Caribe, los cuales debían aplicarse al consumo individual de los usuarios y no al “consumo distribuido comunitario”, como lo hicieron.

“Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la Región Caribe, que corresponde en promedio a un millón 800 mil facturas por mes, de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700 mil. Esta labor se adelantó con el apoyo de un ingeniero de sistemas y 2 contadores, bajo el esquema de minería de datos”, indicó la Contraloría a través de un comunicado.

En palabras más sencillas, de acuerdo con el ente nacional, la empresa habría utilizado indebidamente el dinero destinado a los subsidios de las personas más pobres de la Región Caribe.