Martínez ahora le responde a Rugeles por el estadio y la megabiblioteca

El alcalde encargado de Santa Marta, Andrés Rugeles, solicitó desde abril a la Contraloría General de la República una vigilancia especial a los contratos del estadio Sierra Nevada, la megabiblioteca fase I y II y el Centro de Desarrollo Infantil CDI - Ludoteca Bonda – Ciudad Equidad, a los cuales les han hecho varias adiciones y aún no han sido entregados.  

En una entrevista a la W Radio, Rugeles dijo que la megabiblioteca fase I inicialmente se contrató por 10.000 millones de pesos, se le han hecho cuatro adiciones presupuestales por 6.500 millones y la entrega de esta obra tiene más de dos años de retraso.

Con relación al estadio Sierra Nevada aseguró que este contrato se suscribió por 52.000 millones de pesos, le hicieron dos adiciones por 17.000 millones y aún presenta retrasos. Igualmente, que el  CDI – Ludoteca Bonda – Ciudad Equidad tiene más de cuatro años de retraso, se han realizado reiteradas prórrogas, le giraron recursos por más del 90% y la obra tiene avances del 50%.

El alcalde suspendido Rafael Martínez, quien se encuentra cobijado con detención domiciliaria por presuntas irregularidades en la contratación de tres centros de salud, respondió a estos cuestionamientos en declaraciones a Radio Galeón.

Con relación al estadio Eduardo Santos dijo que al contratista se le ha pagado el 87% de los recursos porque no ha entregado la totalidad de la obra y se le aplicó una póliza penal pecuniaria.

“Los recursos están salvaguardados. ¿Qué le falta al estadio? El 1% de lo contratado, que tiene que ver con la planta eléctrica y los ascensores, más una serie de detalles”, expresó Martínez.

Sobre la megabiblioteca dijo que la primera fase ya está terminada y que dejó en marcha cuatro procesos de contratación para la dotación de la parte eléctrica, muebles y sillas, libros y  la operación y funcionamiento.

“¿Dónde están esos cuatros procesos? Quedaron en marcha, ya deberían haberlos adjudicado y poner a andar la fase I, que está en proceso de liquidación. Me dicen que hay diferencias entre el contratista y la interventoría, pero la obra está ahí, es más si no se ponen de acuerdo contratista y interventoría, el Distrito legalmente y guardando el debido proceso debe entrar a tomar posesión de la obra y liquidar unilateralmente”, expresó Martínez.

Además, dijo que las adiciones a estos contratos no son ilegales siempre y cuando estén justificadas. “La megabiblioteca se contrató por un monto y en el proceso de ejecución el diseñador fue renuente a aceptar que el cemento verde que está hoy fuera gris y se había contratado con cemento gris. El cemento verde no se produce en la costa y cuando Cemex al final logra consensuar con el contratista la fabricación especial del cemento verde para que quedara a la vista, este tenía un costo adicional, que se adiciona como mayores cantidades, lo mismo que obras no pactadas que tenían que ver con los componentes eléctricos y de vidrios. Ahí está justificado técnicamente”, explicó.