A 6 años de la ley de restitución de tierras, campesinos del Magdalena siguen amenazados

Rosa Isabel Salas Ruiz tiene 62 años y está amenazada por liderar procesos de restitución de tierras en el Magdalena. Ella llegó el 3 de noviembre a Santa Marta, como otras 3 decenas de líderes de tierras, con la esperanza de que las instituciones del departamento les cumplieran los compromisos adquiridos con su seguridad un año atrás.
La reunión comenzó sobre las 10:00 am con los informes de los funcionarios presentes y, hasta las 11:28 am, del lado de los líderes solo hubo asentimientos, toma de notas y silencio-Según El Tiempo- Pero Rosa no se contuvo:

¡A los líderes del Magdalena nos van a matar! - gritó al finalizar una intervención que empezó calmadamente, pero mutó a la indignación por las excusas de los funcionarios presentes.
¿A quién le importa? - Les preguntó con la mirada fija. Sólo uno de los 31 funcionarios sentados en la sala le correspondió, los otros 30 observaban su celular.

Este ya fue el tercer encuentro de la Mesa Multiactor, un espacio promovido por el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular), la Corporación Jurídica Yira Castro, el Programa Somos Defensores, la Comisión Colombiana de Juristas y Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) y apoyado por el Movimiento Sueco por la Reconciliación y el Consejo Noruego Para Refugiados. La idea es promover el diálogo interinstitucional en pos de la seguridad de los líderes regionales de reclamantes de tierras.

En el caso del Magdalena un balance general es que el miedo germina en los municipios de Chibolo, El Retén, Sabanas de San Ángel, Pivijay, Zona Bananera y Fundación. La seguridad de las personas que ejercen su derecho a reclamar los predios de donde fueron forzosamente desalojadas está en juego, y los nombres de los representantes de asociaciones de reclamantes circulan en panfletos con amenazas de muerte.

¿Quién los quiere matar?

Según Federico Giraldo, sociólogo del Cinep, “nosotros consideramos y valoramos que muchas de las amenazas vienen por parte de los opositores”, y agrega “los que están en contra del proceso de restitución de tierras obviamente tienen nombre y apellido [...] porque son familias tradicionales muchas de ellas relacionadas o vinculadas con grupos paramilitares”.

El Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia sembró el terror en los diferentes municipios del Magdalena entre 1999 y 2008. Como consecuencia de la acción armada de Los Frentes Pivijay y William Rivas hubo pueblos enteros que quedaron abandonados, como es el caso de Salaminita, Chibolo y Diana María. En todo el departamento, los campesinos huyeron para salvar sus vidas.
Una vez promulgada la Ley 1448 de 2011, que llegó 5 años después de que culminaran las desmovilizaciones de los paramilitares, los huidos se organizaron para reclamar legalmente la propiedad de los predios donde estaban sus casas, cultivos y/o ganado antes de la incursión armada. Se preparaban para el retorno.

Pero el paso de las autodefensas modificó dramáticamente el territorio: ahora hay tres nuevos municipios (Algarrobo, Sabanas de San Ángel y Concordia), las casas ya no existen, los cultivos desaparecieron o fueron reemplazados y la tierra tiene nuevos ocupantes que, en muchos casos, ya le están sacando provecho.

Además, la capacidad instalada es insuficiente para resolver todas las solicitudes de campesinos que desean recuperar sus predios. Según datos de la Unidad de Restitución de Tierras, sólo en Magdalena y Atlántico se han presentado 7.686 solicitudes de restitución de tierras. El tribunal de Cartagena, donde se deben atender todos los casos, no da abasto, por lo que los fallos definitivos tardan hasta 3 años.
En medio de esta situación, los autores de las reclamaciones han recibido amenazas e intimidaciones que tienen el fin de disuadirlos de continuar sus procesos. El temor se apodera de ellos puesto que la historia reciente del departamento los hace creer que detrás del hostigamiento hay personas con mucho poder económico y nexos políticos en la región, así como con relaciones cercanas con sus antiguos despojadores.

Sólo en el caso de Diana María, 53 familias reclaman sus antiguos hogares en la vereda Macondo, corregimiento Guacamayal, municipio de Zona Bananera. El ex comandante paramilitar que los despojó, José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras”, cumplió su condena y fue liberado en 2016. Los líderes y las ong que trabajan en territorio denuncian que “Carlos Tijeras” transita en la zona con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una medida que han solicitado infructuosamente muchos líderes de tierras amenazados.

En versiones libres, Mangones vinculó a diferentes políticos, militares y terratenientes con el auge del paramilitarismo en Magdalena. Algunos de ellos son empresarios con cultivos de banano y palma de aceite en predios que hacen parte de procesos de restitución. Ellos son, entonces, opositores legales a los procesos de los campesinos desplazados.

¿Cómo los amedrentan?

Casi como un susurro hablaban de ‘lo de San Ángel’ los líderes que asistieron a la Mesa Multiactor. El tema es sensible para ellos ya que este fue uno de los más recientes episodios en los que fueron señalados de colaborar con las guerrillas del país.

El acto ocurrió el 5 de abril de 2016 en Sabanas de San Ángel, uno de los municipios creados durante el azote paramilitar del Magdalena. El entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, realizó allí una reunión de seguimiento a la política de restitución de tierras a la que también asistió José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos.

Esta cita fue organizada por una asociación que agrupa a los tenedores de tierras que son objeto de reclamaciones legales. Como conclusión del encuentro surgieron declaraciones públicas en el sentido de que la Ley estaba siendo utilizada por actores armados (guerrilla, puesto que en teoría los paras ya se habían desmovilizado) para despojar a los campesinos que adquirieron las tierras de buena fe.
Para Rosa, así como para sus compañeros, este señalamiento significó la aparición de nuevas amenazas en su municipio de residencia. En el caso particular de la lideresa, el asedio la obligó a salir de su casa en el municipio de El Retén. Es decir, a desplazarse nuevamente.

La ONG Somos Defensores publicó este año un informe en el que señala que “los defensores de derechos humanos son asesinados con mayor frecuencia en las mañanas y en las noches; en zonas rurales, dentro de sus casas, alrededor de ellas o cuando se transportan”. Además, advirtió que “hay una presencia marcada a que se afecte a terceros en el asesinato de defensores”.

En la puerta de la nevera de Rosa están adheridos decenas de papeles con los números y nombres de personas de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría y el Cinep, entre otros.

En una situación sospechosa, su celular y esos papeles son el único recurso del que dispone para defenderse.

Hasta hace un tiempo Rosa tuvo un esquema de seguridad con dos guardaespaldas que, según dice la mujer, fueron casi como sus hijos. Ella sostiene que esa fue la única época en la que se sintió realmente segura, porque ellos nunca la dejaban sola.

Sin embargo, la UNP (Unidad Nacional de Protección) le ordenó el desmonte dado que su calificación de riesgo bajó. Rosa inició una nueva solicitud, pero esta vez sus medidas de protección fueron un chaleco antibalas y un celular. El día que estos implementos llegaron a su casa Rosa no estaba y su esposo no los quiso recibir: “él lo cogió como una falta de respeto”.

Harold Vargas, abogado de la Corporación Yira Castro, dice que las medidas de protección individual de la UNP no son válidas en este contexto porque “los celulares no tienen señal, los chalecos antibala son insoportables en el calor y la camioneta no entra a las veredas porque no hay caminos pavimentados”, además dice que estas medidas “antes de proteger, generan un riesgo por la gran visibilidad”.
Ante esta situación, lo que propone el abogado es que la UNP implemente en el Magdalena medidas de protección colectivas, que están reguladas por la resolución 1085 de 2015: “son, por ejemplo”, dice Vargas, “el fortalecimiento organizativo y comunitario, mayor presencia institucional (no solo policías), estrategias de comunicación directa con entidades del Estado (que no los pongan a dar vueltas)”, entre otras.

Dado el actual clima de zozobra, los temores de los líderes en general están justificados, sin embargo, no sólo es el Ministerio del Interior, a través de la UNP, quien debe asumir la seguridad de los ciudadanos de la región. En la Mesa Multiactor, esta instancia en la que Rosa llamó la atención de las instituciones por la situación de sus compañeros, quedaron en evidencia otros asuntos que hacen más vulnerable la situación de los voceros:

El Magdalena no cuenta con un analista del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, quien se encargaría de realizar los informes de riesgo del departamento para poder trabajar desde la prevención del daño. Estos informes serían también el insumo para el retorno de las familias a quienes ya les titularon sus parcelas y hoy están regresando sin saber las condiciones de seguridad de los territorios.

Además, en palabras de Giraldo, el sociólogo del Cinep, “la impunidad en los nuevos casos de amenaza en contra de los reclamantes de tierras es casi del 100%”, lo que significa que la Fiscalía no ha adelantado las investigaciones para determinar el origen de las intimidaciones. Esto se suma a que según la publicación de la ong Somos Defensores, entre 2009 y 2016, la impunidad es del 87% en los casos en los que los líderes de derechos humanos de todo el país fueron asesinados, y en los que hubo alguna condena “solamente vinculan autores materiales de los hechos y no hay avances en investigar y judicializar autores intelectuales de los mismos”.

¿Qué hacer para brindar seguridad?

Aunque los 31 representantes de las instituciones que asistieron a la Mesa Multiactor le dieron la cara a una cantidad equiparable de líderes que llegaron de los rincones más apartados del departamento, sus compromisos quedaron pendientes.

El acta final tiene 18 puntos, entre los que figuran asuntos burocráticos que van desde la contratación del analista de SAT (Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo) hasta la consolidación de la lista de reclamantes amenazados en el departamento.

El más urgente de estos compromisos es la construcción de un protocolo especial para la recepción y trámite de amenazas de reclamantes en el Magdalena, sin embargo, no tiene fecha para su cumplimiento.
Cuando Rosa piensa en qué tendría que pasar para sentirse realmente protegida lo primero que se le viene a la mente es que eso “es imposible”. Pero luego suspira y lo piensa mejor: “la única forma sería que me devuelvan mi tierra”.