La Alcaldía de Santa Marta informó a la ciudadanía que, a partir de este momento, se iniciará el proceso de 10 días de sensibilización antes de que, oficialmente, comiencen a operar nuevamente las cámaras de fotomultas en la ciudad.
Los 10 días que ha pasado María José Bustamante -quien es de Santa Marta pero está radicada en otra ciudad- le han generado una enorme desilusión, pues, según ella ha denunciado en sus redes sociales, se está dando una especie de “corrupción” en la Secretaría de Movilidad de Santa Marta de la que ella misma ha sido víctima.
La Secretaría de Movilidad de Santa Marta hizo un llamado a quienes tengan acreencias pendientes por infracciones a las normas de tránsito para que se acojan a los beneficios de la Ley 2027, de 24 de julio de 2020, por medio de la cual el Gobierno Nacional establece amnistía a los deudores de multas de este tipo, se posibilita la suscripción de acuerdos de pago por deudas de los derechos de tránsito a las autoridades de tránsito y se dictan otras disposiciones.
Un fallo de la Corte Constitucional que hace ajustes a la Ley 1843 de 2017 lograron un cambio fundamental en la manera como se vienen imponiendo las multas de tránsito en el país.
Gracias a la regulación de la máxima corporación constitucional, se cae la normativa que le adjudicaba la responsabilidad de las multas de tránsito a los dueños de los vehículos, así estos no estuvieran conduciendo al momento de la infracción.
La Oficina de Tránsito y Transporte Departamental informó, a través de un comunicado, que debido a un virus informático se envió desde esa dependencia un oficio por medio del correo electrónico notificándoles a los usuarios del supuesto cobro de una multa o infracción, lo cual no es cierto.
En época electoral, los candidatos a ocupar los cargos de elección popular se vuelven más expuestos ante el escrutinio público y esto lo aprovechamos en Seguimiento Electoral para revisar no solo la hoja de vida de los candidatos, sino también sus responsabilidades con el Estado.
La Alcaldía de Santa Marta sancionó el proyecto de acuerdo 001 de 2019 del Concejo Distrital por medio del cual se adopta el artículo 107 de la Ley 1943 de 2018, que autoriza a los entes territoriales otorgar beneficios temporales de hasta el 70% en el pago de los intereses moratorios que se hayan generado en el no pago de las multas, sanciones, infracciones de tránsito y otros conceptos de naturaleza no tributaria que se encuentren en mora y hayan sido impuestos en la vigencia 2018 y anteriores.
La tarifa de comparendos, patios y grúas incrementó un 6% de acuerdo con el aumento del salario mínimo, y empezó a regir desde el primero de enero. Por eso, si le imponen un comparendo, el incremento será de aproximadamente 46.886 pesos.
En los últimos 10 años se han impuesto 4'010.000 comparendos en Colombia. Solo el 31 % se han pagado, reveló la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Aunque la información de la ANSV no menciona la cifra de comparendos de la década anterior, el diario económico La República asegura que las sanciones subieron un 250 %.
Las cifras del Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) citadas por la ANSV indican que en lo corrido de 2018 se han registrado 70.000 multas de tránsito, 5.000 menos que en el mismo periodo de 2017.
El diario El Tiempo, publicó una ‘lista negra’ de congresistas infractores y endeudados, en la cual aparecen curtidos políticos de los partidos tradicionales que más votos sacaron en las elecciones del pasado domingo. 10 de los sindicados, deben unos 20 millones en multas.
El medio pone a la cabeza de los infractores de tránsito a Laureano Augusto Acuña Díaz (Partido Conservador) con 12 multas que suman 5 millones 384 mil 018 pesos.
Le sigue Jonathan Tamayo Pérez (Lista de la Decencia) con 11 multas y 5 millones 227 mil 167 pesos de deuda.