Últimas gobernaciones del Magdalena no les cumplieron a pescadores; esta nueva promete solución
La sentencia T-606 de 2015, de la Corte Constitucional, les exigía a la Gobernación del Magdalena compensar a los pescadores que fueron retirados del Parque Tayrona, sin embargo, los gobiernos de Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes no cumplieron con lo establecido; esta nueva administración se compromete a hacerlo.
La historia de esta situación nació cuando los pescadores, la mayoría tagangueros, les prohibieron ejercer su pesca en una zona que le pertenecía al Parque Nacional Tayrona.
Los pescadores afectados por la medida fueron caracterizados por la pasada administración departamental, en total en la lista había 255 personas.
Sin embargo, en ese proceso, la lista de los pescadores perjudicados por la medida aumentó a más de 400, lo que generó una disputa entre ambas partes.
Lo cierto es que pasó el tiempo y la administración de Rosa Cotes daba cuenta de una depuración de la lista para cumplirles a los pescadores, pero esto, al parecer, nunca se concretó.
Ahora nuevamente las promesas de cumplimiento aparecen en la administración de Carlos Caicedo, quien en un comunicado de su equipo de prensa, anunció que designó a un equipo para asumir la responsabilidad de llevar a feliz término los asuntos relacionados con el cumplimiento a la sentencia y la coordinación del Plan de Compensación.
“Este documento, que en más de 4 años no había llegado a estructurarse y fue en el marco de este gobierno que se logró consolidar, estando a la fecha en proceso de suscripción, quedando pendiente la firma de 3 de las 11 entidades que deben suscribir. Se debe tener en cuenta que, el 21 de septiembre de 2015 la Corte Constitucional expidió la Sentencia T - 606 de 2015 y desde la notificación que pudo haberse realizado al gobernador de turno Luis Miguel Cotes, no se dio cumplimiento al plazo establecido de 60 días para la elaboración del Plan de Compensación para Pescadores Artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona”, señaló Caicedo.
El actual gobernador manifestó que en las vigencias 2016 y 2017, durante 6 y 7 meses respectivamente, no se dio cumplimiento a lo ordenado frente al pago mensual de la ayuda económica transitoria de seguridad alimentaria, con lo cual se desconoció el mínimo vital de los pescadores beneficiarios.
“No se ejecutó ningún proyecto de compensación a los pescadores, debido a la incapacidad técnica que mostró la administración pasada en la formulación y ejecución de los proyectos, debiendo devolver los recursos que no lograron ser ejecutados”, dijo Caicedo.
En lo referente al compromiso de la actual administración departamental dijo que con el desarrollo de tres audiencias, han logrado cumplir con el pago mensual de la ayuda económica del mínimo vital para 48 pescadores beneficiarios, por un valor total de $ 379 millones 210 mil 896 pesos en lo corrido del año 2020.
De igual manera, añadió que ya cumplieron con la terminación del documento del Plan de Compensación, que traía serias fallas técnicas y deficiencias en su contenido, además, que han logrado suscribir 8 de las 11 entidades de la mesa técnica, creada para el cumplimiento de la Sentencia.
“Es importante evidenciar que durante la última vigencia del gobierno antecesor, se dio la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 297 de 11 de marzo de 2019, por valor 2 mil millones de pesos, recursos que se destinarán para garantizar el pago de la ayuda económica transitoria de mínimo vital, y para darle cumplimiento al Plan de Compensación y Plan Maestro ordenado por la Sentencia, del cual solo se ejecutaron recursos para pago del mínimo vital, debiendo devolver los recursos que no lograron ser ejecutados, a falta del ejercicio de formulación y ejecución de los proyectos productivos”, señaló el comunicado.
La misiva indicó que la actual gobernación expidió el CDP 216 de 2020, por valor de 1.511.320 millones para dar cumplimiento al Plan de Compensación, cuyos recursos serán para la ejecución de los proyectos que inician el proceso de formulación.
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