Siete fincas bananeras fueron sorprendidas evadiendo pago del servicio de luz

En un operativo realizado por la empresa Air-e con el acompañamiento de las autoridades, fueron detectadas siete fincas dedicadas al cultivo y comercialización de banano que operaban con energía instalada de manera ilegal.

Estos predios ubicados en Zona Bananera, Ciénaga y Aracataca tenían transformadores que fueron instalados sin autorización de la compañía.

De acuerdo con Air-e, varios de estos predios no aparecían registrados en el sistema comercial, no solo evadiendo el pago de la energía también el impuesto de alumbrado público y la contribución.

De acuerdo con los estimativos de los técnicos, las pérdidas son del orden de los 75.000 KWh/mes, es decir, 84 millones de pesos mensuales.

Para el caso de Aracataca se detectó que la finca Omayra tenía el servicio directo. La finca bananera Por La Mar tenía un transformador ilegal de 75 kVA y no aparecía registrada en el sistema comercial de la compañía. Asimismo, la finca bananera Las Margaritas tampoco estaba registrada en el sistema comercial de la compañía y tenía un transformador ilegal de 45 kVA.

En Riofrío se encontró la finca Santa Helena con un transformador ilegal de 45 kVA; y la finca bananera La Ilusión con un transformador ilegal de 45 kVA.

En Sevillano, corregimiento de Ciénaga, se encontró la finca Bello Jardín con un transformador ilegal de 75 kVA y sin facturación; y la finca El Molino con un transformador ilegal de 75 kVA sin facturación.

“Esta problemática no solo afecta a la empresa sino a la calidad del servicio, ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas y afecta a los electrodomésticos. Lamentablemente roban energía estas fincas que derivan sus ingresos del cultivo de banano, que es un producto de exportación”, indicó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín de la Hoz.

Frente a la conducta de los clientes, las mismas están tipificadas en el delito de Defraudación de Fluidos consagrado en el Código Penal, el cual tiene una pena máxima de seis años y una multa hasta de 150 salarios mínimos.